LUCHA JUDICIAL
Garzón solicita que Batasuna pague los daños causados por la violencia callejera
Por Cristóbal Cabezas Martín
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España13-03-2002
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha añadido la posible participación de Batasuna (anteriormente Herri Batasuna) en una resolución judicial por la que decide el ingreso en prisión de 11 de los 12 miembros de Segi arrestados por 46 delitos de terrorismo, además de colaboración con banda armada. Segi, es la organización juvenil que ha reemplazado a Jarrai y luego a Haika, y que, forma parte de las estructuras de ETA y está subordinada a la dirección de la banda terrorista, según el magistrado.
Garzón estima que los daños que la violencia callejera ha causado desde la constitución de Segi en el año 2001 ascienden a 18,22 millones de euros (3.032 millones de pesetas). El juez atribuye a los imputados 46 delitos de terrorismo en sus modalidades de estragos, incendios, atentados y amenazas contra las personas, depósito de armas y tenencia de explosivos, que han sido cometidos en el País Vasco y Navarra por Segi desde su fundación. "Sin duda" especifica la resolución, "puede y debe considerarse, como una inducción directa y suficiente con alcance penal la convocatoria por parte de los responsables de Segi de los actos que responden en su actuación a los criterios de subordinación y jerarquía de la organización terrorista ETA-Ekin-Segi en la que se integran". El juez recuerda que Jon Markel Ormazábal, uno de los imputados que se encuentra en paradero desconocido, señaló que el objetivo de la creación de Segi es "burlar la ilegalización" de Jarrai-Haika. Garzón destaca en el auto que en el registro de una herriko taberna de Bilbao se intervino un panfleto con acusaciones y amenazas contra Nuevas Generaciones y Juventudes Socialistas, las organizaciones juveniles del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista de Euskadi (PSE). La resolución indica que todos los imputados han participado de manera activa en los hechos y siguen la línea de actuación de ETA-Ekin, en la que se encuentran plenamente integrados con el fin de "subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública".