|
|
La Semana que vivimos - Semana del 8 al 14 de diciembre de 1997
 
|
|
Javier Madrazo (IU-EB), Xabier Arzalluz (PNV), Carlos Iturgaiz (PP), Francisco Alvarez Cascos, en representación del Gobierno, José Antonio Ardanza, Nicolás Redondo (PSE-EE), Carlos Garaikoetxea (EA) y Pablo Mosquera (UA) formaban la línea que abría la marcha. Los líderes políticos vascos sostenían una gran pancarta amarilla en la que se podía leer en euskara el mensaje "Bakea orain eta betirako" ("Paz ahora y para siempre"). A unos 25 metros de esta primera línea de la manifestación, concejales de los Ayuntamientos de Irún y Rentería portaban una segunda pancarta con el lema "Bakea behar dugu" (Necesitamos la paz). En el centro de esta fila, ocultó su rostro con gafas de sol el hijo mayor del concejal del PP asesinado el jueves 11, representaba a la familia. Con ellos marchaban también los alcaldes de ambas localidades, Rentería e Irun. Por detrás, un nutrido grupo de representantes políticos de todos los partidos de la Mesa de Ajuria Enea, entre los que se encontraban el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, y los ministros Jaime Mayor Oreja, Loyola de Palacio, Margarita Mariscal de Gante, Isabel Tocino, Eduardo Serra, José Manuel Romay, Esperanza Aguirre y Rafael Arias-Salgado. Tras todos ellos, más de 50.000 ciudadanos se incorporaban a la manifestación. Miles de personas aguardaban el paso de la cabecera para incorporarse tras ella a la manifestación. La presencia de ciudadanos en las aceras se prolongó durante todo el recorrido de la marcha, de unos cuatro kilómetros de longitud. Los asistentes permanecieron en absoluto silencio, sólo roto en algunas ocasiones por gritos aislados que reclamaban soluciones a los numerosos representantes políticos presentes. La manifestación concluyó en torno al monumento de la paloma de la paz, de Nestor Basterretxea, donde se escucharon gritos de "Basta ya", acompañados de palmas de los presentes. Al término de la manifestación, el lehendakari Ardanza mostró su satisfacción por la respuesta de los ciudadanos ante el último atentado de ETA, una reacción que "alimenta la llama de la esperanza en la búsqueda de la paz". El lehendakari confesó sentir sentimientos contrapuestos, pues la satisfacción por la masiva respuesta de la ciudadanía estaba acompañada por "la tristeza y la rabia por tener que salir una vez más gritando en silencio que no queremos más muertes". El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, también se felicitó por el resultado de la manifestación, que, a su juicio, demuestra que "el espíritu de Ermua sigue más vivo que nunca". [13-12-1997] José Luis Caso había recibido todo tipo de amenazas en los últimos meses. De hecho, tras la muerte del concejal del Ermua en julio, aparecieron pintadas en la fachada del domicilio del edil de Rentería en las que se anunciaba "tú serás el siguiente". Sin embargo, José Luis Caso se mostró siempre en contra de ETA y HB, les plantó cara e incluso rechazó la protección policial que le ofreció el Partido Popular. Era un hombre de principios y no tenía miedo ni a Herri Batasuna ni a la banda terrorista ETA. Con su muerte, se ha convertido en la tercera víctima de un concejal del PP tras los asesinatos de Fernando Múgica en enero de 1995 y de Miguel Angel Blanco en julio del presente año. El cementerio de Irún acogió el sepelio del edil popular en la mañana del sábado 13. A su entierro acudieron tanto sus familiares y amigos cargos representativos de la política española tales como el vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, el presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, y el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz. Todos ellos mostraron su más profundo rechazo a ETA y HB y coincidieron en la constancia de defender la libertad del pueblo vasco "aunque sea con lágrimas". [1/2-12-1997] La decisión, que se enmarca dentro de la política penitenciaria "más activa" prometida por el titular de Interior, se anunció 72 horas después de que ETA intentase asesinar al guardaespaldas de la concejala del PP, Elena Azpiroz. El traslado de los presos etarra ha sido interpretado por interior como un "tratamiento individualizado" hacia aquellos que se "desmarquen de los dictados de la organización". Por tanto, para tomar esta decisión, además de "este desmarque", se han tomado en consideración otros principios como la puesta en manifiesto del rechazo a los postulados de la banda terrorista y el abandono de los planteamientos que los llevara a delinquir". Además, se han tenido en cuenta otros criterios como la observación de las manifestaciones de estos presos contra la organización de ETA, cambios de abogados cercanos al entorno etarra y ausencia de cualquier tipo de sanciones penitenciarias. Dentro de los 15 etarras que se han visto beneficiados con esta medida, se encuentran algunos que cumplen penas de hasta 100 años, como es el caso de de Francisco Cabello Álvarez, acusado de varios asesinatos y otras causas pendientes con la Justicia. José María Beristain, por su parte se beneficia de este traslado por otra razón distinta a las anteriormente expuestas;en su caso se han tenido en consideración motivos sanitarios ya que según Interior, "su enfermedad es incurable". El PNV, por medio de su parlamentario y representante en la Comisión de Derechos Humanos, Iñigo Urkullú, calificó de "positivo" el acercamiento de los presos etarras a lugares más cercanos a su lugar de residencia, aunque esperaban que esto "fuera el primer paso" dentro de los compromisos adquiridos por Mayor Oreja con los representantes políticos de los partidos democráticos el pasado 20 de noviembre. Urkullú instó al Ministerio del Interior a que siga aplicando esta política penitenciaria ya que de lo contrario se podría entender que "este traslado, está sujeto a las circunstancias que hemos vivido", refiriendose con ello a la encarcelación de los 23 miembros de la Mesa de HB. Del mismo modo se expresaron tanto Izquierda Unida como Eusko Alkartasuna que calificaron la decisión como "oportuna, además de ser insuficientes el número de traslados". [9-12-1997] de ETA que manifiesten su rechazo a la violencia Sobre el primero de los temas, destaca la petición del líder del PSOE de que Interior conceda el indulto a los presos etarras que acrediten su rechazo a la violencia. Almunia coincidió con el Presidente al señalar que los casos deberían analizarse de manera individualizada, y estudiar si los presos han cometido delitos de sangre. Aznar señaló que observará cada caso con su ministro de Interior, así como las posibilidades de llevar esta política adelante. El secretario general del PSOE también sugirió que a algunos etarras se les aplique el tercer grado penitenciario (por el que los presos sólo van a la cárcel a dormir). Las reacciones en el PP fueron de rechazo a esa petición, ya que creen que Almunia quiere crear precedente para la concesión del indulto a los procesados por el "caso GAL". Incluso el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti se mostró contrario a la idea del líder socialista, y llegó incluso a defender la tantas veces criticada política antiterrorista del Gobierno. Sobre el tema de las críticas del PNV, también hablaron Aznar y Almunia, este último señaló que "los ciudadanos no pueden entender que el PNV pacté todo con el PP, menos la política antiterrorista", también pidió al socio vasco del Gobierno que siga comprometido con la Mesa de Ajuria Enea y con el Pacto de Madrid. También se habló en las dos horas de reunión de la utilización partidista del problema terrorista, y Almunia recordó el homenaje a Miguel Ángel Blanco. En este tema, Aznar discrepó con los comentarios del secretario general socialista. Por último, conversaron sobre lo que Almunia llama el "deterioro del poder judicial", Aznar consiguió algo que no había logrado en anteriores reuniones, que el líder socialista le entregue un documento con los puntos de vista que tiene sobre la justicia. [9-12-97] para sentencia seis meses después En la última jornada el abogado de Blanca Rodríguez-Porto, Agustín Guardia, remató la defensa de su cliente e insistió en las argumentaciones de días anteriores. "Quizá el único delito que ha cometido Blanca ha sido casarse con Luis Roldán" fueron sus últimas palabras ante el tribunal. Eugenio Rubio, abogado defensor de Luis Roldán, no se mostró nada optimista al final del juicio. Para Rubio "es muy difícil que sea absuelto jurídicamente, cuando social y políticamente ya ha sido juzgado." El fiscal pide 32 años de cárcel para Luis Roldán, dos menos de los que pide el abogado del Estado. Para Jorge Esparza, ambos solicitan 15 años. La esposa de Roldán se enfrenta a peticiones de 5 y 10 años; Jorge Prieto Pardina tres años y el general Manuel Llaneras, seis meses y más de 4.000 millones de multa. El resto de los acusados -Elisa Rodríguez, Agustín Blázquez y José Herminio Lastra- están acusados de coecho, pero no se enfrentan a peticiones de penas de cárcel. [9-12-1997] la entrada en prisión de Mario Conde La posición de Gordillo es contraria a la que mantiene el teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, López Sanz, representante del ministerio público en el caso Banesto. Sanz se opone tanto al ingreso en prisión del ex presidente de Banesto como al aumento de la fianza que debe pagar para evitar la cárcel. Tal fianza se puso para evitar que Conde se fugara y no compareciera en el caso Banesto por el que le piden 35 años de prisión, pero no tendría sentido aumentarla ya que Conde ha decidido comparecer. La petición de Gordillo ha eclipsado la segunda semana del juicio contra Conde. Como el lunes fue fiesta, sólo se celebró la sesión del martes. La vista siguió su curso natural sin demasiadas noticias, continuó el debate sobre prescripciones e indefensiones, y mientras la defensa apoyaba las peticiones de Conde, las acusaciones cuestionaban los argumentos de la defensa del banquero, y pedían al tribunal el rechazo de sus pretensiones. El documento 98, que versa sobre la sucursal de Londres, fue la única circunstancia noticiable del día, sobre él, se solicitó un informe pericial para contrastar su veracidad. [8/9-12-1997] De los 83.419, se registraron 11.634 contratos de formación en el marco de la reforma laboral. El desempleo subió en el sector servicios (16.063), en la construcción (4.764) y en el colectivo sin empleo anterior (2.265), pero bajó en industria (1.696) y en agricultura (366). El vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró desde Santiago de Compostela que "se trata de un evolución más suave que la de otros años" y que "vienen a enmarcarse en un contexto de fuerte crecimiento del empleo". Según Rato "el ejecutivo mantiene las previsiones de creación de empleo de entre 335.000 y 340.000 puestos de trabajo netos en 1997". El secretario de Estado de Economía, Cristobal Montoro, restó importancia al incremento del paro "el aumento de noviembre es normal porque se trata de un aumento estacional que cierra el ciclo". Por su parte, el secretario de Estado de Empleo, Manuel Pimentel, aseguró que es posible superar las previsiones del Gobierno y concluir el año con un descenso del paro de entre 150.000 y 170.000 personas, Pimentel afirmó que tras casi seis meses de la aprobación de la Reforma Laboral "se puede hablar de una cultura de la estabilidad y sustituye a la cultura de la temporalidad" rozando la tasa del 10% de empleo estable. [9-12-1997]
|