Juan Emilio Maíllo.- La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, que prepara el Gobierno para el año 2000, pretende reducir el número de tramos de la tarifa del IRPF hasta dejarlo en tres. Otro cambio es la reducción del tipo marginal máximo aplicable a los contribuyentes hasta el 40%.
La intención del Ejecutivo es que el impuesto refleje la capacidad económica de los contribuyentes en función de su situación personal. Estas son las líneas generales que, en materia fiscal, el Gobierno va a presentar a la opinión pública. El Ejecutivo ha creado una comisión de expertos que concretará el problema y ofrecerá las posibles vías de reforma.
Cuando el documento vea la luz, se suscitará un debate sobre la reforma del IRPF y los cambios que se pretenden hacer. Aunque el Gobierno ya tiene claras algunas de sus intenciones. La reducción del marginal máximo se producirá progresivamente durante varios años. En 1999 quedará en el 50%, en el ejercicio posterior en el 45, para acabar situado en el 40%. Pero el Gobierno también pretende reducir los tipos de los diferentes tramos, no sólo del superior.
Otro objetivo es que los contribuyentes con menor nivel de renta, bien queden exentos del impuesto o bien se les exima de la obligación de declarar. Para concretar dicho mínimo nivel de renta, el Ministerio de Economía y Hacienda pretende marcar la cantidad que se necesita para los gastos más indispensables, y sobre esa cantidad se determinará el nivel de ingresos por debajo del cual no sería obligatorio declarar a Hacienda.
Cuando el proyecto esté más avanzado, el Gobierno pretende que organizaciones sociales, partidos políticos y profesionales de la economía den su opinión sobre la propuesta. La intención es lograr el mayor consenso posible, algo que se prevé muy difícil. De hecho, una vez conocidas las intenciones del Gobierno, se sucedieron las opiniones contrarias tanto de la oposición de izquierdas como de los socios catalanes del Gobierno. Los socialistas creen que la reforma va a favorecer sólo a los que más tienen. Mientras que el temor de CiU es que la reforma afecte a la recaudación del 30% del IRPF que tienen transferidas las Comunidades Autónomas, y sobre el que tienen capacidad de movimiento.
Fernando Escobar.- El Presidente de Eusko Alkartasuna, Carlos Garaikoetxea, sorprendió a la opinión pública la semana pasada al opinar que ETA "es un gran negocio político para el PP". Garakoitxea afirmó que, cada vez que se producen atentados contra los cargos públicos del PP en Euskadi, el Ejecutivo presidido por Aznar aprovecha para hacer "campaña electoral".
El máximo mandatario de Eusko Alkartasuna se refirió también a la lucha antiterrorista de la que dijo que se había convertido "en la principal baza política del Gobierno", además de considerar como "un caso insólito" que un ministro de Interior como Mayor Oreja sea el más popular dentro del Ejecutivo. Garakoitxea habló de "desembarcos populares" respecto a los viajes que realizan los miembros más representativos del Gobierno cada vez que se produce un atentado, por lo que a su juicio el PP "corre el riesgo de convertirlo en un gran rito con trascendencia políticas y electorales".
Carlos Iturgaiz, presidente del PP en el País Vasco, respondió a estas duras acusaciones al considerarlas como "injustas para el PP" debido la gran cantidad de asesinatos que estaban sufriendo sus concejales. Del mismo modo, consideró que el presidente de Eusko Alkartasuna se "había equivocado al realizar estas manifestaciones", ya que en los difíciles momentos que está viviendo el PP es necesario "la solidaridad y el apoyo de todos los grupos democráticos". Iturgaiz llegó a acusar a Garaikoetxea de "dar un puntapié al espíritu de encuentro que se pretende establecer entre todos los demócratas".
Por último, recordar el encuentro que mantuvieron la semana pasada en la Moncloa, el Presidente del Gobierno, José María Aznar, y el Presidente del PNV, Xavier Arzalluz, y el Ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, para impulsar la nueva fase del Pacto de Ajuria Enea que pretende establecer el líder del PNV. Arzalluz reconoció que existen muchas dificultades "para pactar con el Gobierno una estrategia para dialogar con los violentos".
Del mismo modo, el líder nacionalista afirmó que "Aznar no cree que ETA quiera realmente la paz" además de insistir en que "el Ejecutivo debe realizar un gesto para abrir las vías de diálogo". Sin embargo, desde Interior esta posibilidad no es posible hasta que "no exista una tregua indefinida", cosa que aunque ocurriera "no modificaría la política antiterrorista del PP" según el presidente del PNV. [21-1-1998]
Alberto Escalante.- José María Aznar viajó a principios de semana a Polonia, uno de los futuros miembros de la UE, donde estuvo dos días en visita oficial junto con un grupo de empresarios españoles. Aznar tenía el objetivo de ofrecer la experiencia española en el proceso de adhesión a la UE a los empresarios y a los organismos oficiales polacos.
La Comisión Europea estaría dispuesta a subvencionar desde sus presupuestos programas de formación, seminarios y conferencias para que la adhesión de Polonia a la UE resulte más sencilla. El presidente Aznar viajó a Polonia, además, con otros temas en su agenda. El más importante es demostrar a Polonia que España es partidaria de su entrada en Europa, algo que entre las autoridades polacas no está muy claro. Para ello, Aznar propuso a su homólogo polaco, Jerzy Buzek, encuentros anuales entre ambos; y entre sus ministros con más frecuencia.
El primer acto del presidente en Polonia fue una reunión con el colectivo de españoles que viven en ese país, aproximadamente quinientos, en su mayoría exiliados de la Guerra Civil y sus hijos. El viaje concluyó el martes, con las entrevistas de trabajo del presidente José María Aznar con el presidente de la República polaca y con los principales líderes de los partidos políticos de Polonia. [19/20-1-1998]
Javier Bragado.- El Congreso de los Diputados no discutió la intervención del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, en relación con las causas abiertas por tribunales españoles acerca de los delitos y homicidios perpetrados por las dictaduras de Argentina y Chile. El acuerdo con los nacionalistas, cerrado hace pocas fechas, se puso en marcha el martes 22 y ayudó al gobierno popular a no realizar un debate en el que el PSOE iba a reclamar el cese de ambos fiscales.
Los socialistas pidieron esta convocatoria de un pleno extraordinario al Congreso para reivindicar al Gobierno la destitución de los dos. El PSOE piensa que no deben continuar en sus cargos después de que Cardenal secundara un informe de Fungairiño que, a juicio del PSOE, disculpaba la actuación de los miembros del ejército de Argentina y Chile.
El Partido Popular consiguió evitar que el pleno se convocara. Para ello contó con el apoyo de sus tres socios nacionalistas: CiU, Coalición Canaria y PNV. El pacto sellado por José María Aznar con Jordi Pujol y Xabier Arzalluz tuvo mucho que ver, ya que los nacionalistas vascos y catalanes no escatimaron descalificaciones hacia la intervención de los fiscales hasta la convocatoria del pleno. [21-1-1998]
La Semana que vivimos - Semana del 19 al 25 de enero de 1998
La Semana que vivimos - Semana del 19 al 25 de enero de 1998
