Tradición europea, apertura a nuevos países. La idea para abrir el ciclismo a nuevos países interesados en la promoción, propuesta por la Unión Ciclista Internacional (UCI), ha vuelto a chocar de plano con la oposición de las empresas organizadoras de las tres grandes vueltas -Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España-, que aspiran a mantener el estatus de las carreras históricas, disputadas en Europa.
El futuro a medio plazo del ciclismo ha sido la última excusa para recrudecer el enfrentamiento entre las grandes vueltas -encabezadas por el director del Tour, el francés Christian Prudhomme, y su empresa Amaury Sports Organisation (ASO)- y la UCI, personificada en su presidente, el irlandés Pat McQuaid. Los intentos de este último por liderar las propuestas de reforma en los circuitos profesionales -plasmadas, por ejemplo, en el UCI ProTour, puesto en marcha en 2005-, sin embargo, han visto cómo los conflictos de intereses, la falta de entendimiento y de voluntad para negociar han dado al traste con sus intentos por levantar al deporte de una crisis que era grave, pero ahora parece que puede herir de muerte al ciclismo profesional.
Autoridad rechazada Las grandes vueltas, dispuestas a no ceder privilegios y defender su negocio, que incluye otras clásicas del calendario europeo, habían aceptado muy a regañadientes las imposiciones de la UCI, pero han dicho basta. El Tour ha decidido que, por su renombre, tiene fuerza suficiente como para salir adelante con la UCI o sin ella -podría, para ello, llegar a tomar el control accionarial de Unipublic, organizador de la Vuelta-, y el conflicto estalló de pleno con la París-Niza, prevista del 9 al 16 de marzo: la organización decidió someterse a la legislación francesa y organizar la prueba con carácter nacional -esto es, sin comisarios de la UCI, que como contrapartida, no reconoce la carrera-. Igualmente, ASO se ha reservado el derecho a decidir qué equipos acuden al Tour, lo que ha perjudicado al refundado Astaná, ahora gestionado por Johan Bruyneel, el ex director del US Postal y Discovery Channel estadounidense, y al vigente campeón de la Grande Boucle, el español Alberto Contador. El conflicto, con todo, es el último capítulo de una ruptura no declarada del ciclismo: mientras que la UCI intenta globalizar el deporte y abrir nuevos mercados. El interés de países como Australia, China -que organizará en 2009, según afirma McQuaid, “una carrera tan popular como el Tour de Francia”-, Rusia y Estados por organizar pruebas en las que compitan los mejores equipos del mundo, encuadrados en principio en la categoría ProTour. El conflicto está servido, pues algunas de estas pruebas coincidirían, en fechas, con alguna de las grandes rondas, como el Giro y la Vuelta. Los equipos, además, recelan de esta apertura, ya que el retorno de los patrocinadores no estaría tan garantizado, en principio, como con el calendario europeo.
Sin avances contra el dopaje Así pues, surgen nuevos conflictos sin haber resuelto todavía los aspectos de la lucha contra el dopaje, que pese a al entrada en vigor del pasaporte biológico -un seguimiento de los controles a los que se somete cada ciclista- sigue sin cerrar las heridas y cobrándose nuevas víctimas. La decisión de reabrir la Operación Puerto por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, aplaudida por la UCI, no ha solucionado la situación de los deportistas sospechosos por dopaje, como Alejandro Valverde, puesto que la UCI, al ser una entidad deportiva, no podrá disponer de las muestras de sangre para cotejarlas con el ADN de los implicados. Antes bien, el caso será juzgado como un delito contra la salud pública, por parte de los médicos que manipulaban la sangre, puesto que su conservación, rudimentaria, pudo poner en peligro la vida de los ciclistas. Ahora bien, excluye del caso a los ciclistas y a quienes les pudieron suministrar sustancias dopantes, porque cuando estalló el caso, en 2006, el dopaje aún no estaba penado en España. Las denuncias contra Jan Ullrich en Alemania y contra Ivan Basso en Italia, fueron resueltas por la Fiscalía y la Justicia ordinaria. Sin embargo, la UCI se resiste a dar el caso por zanjado.
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