La Ley establece un procedimiento muy estricto para aprobar una reforma estatutaria como el Plan Ibarretxe. Pero el lehendakari tiene otros planes muy distintos para sacar adelante su proyecto soberanista. En lugar de remitirlo a las Cortes Generales, prefiere negociar con el Gobierno y convocar un referéndum en el País Vasco.
Ibarretxe sabe que su plan será rechazado en cuanto llegue al Congreso de los Diputados. Los dos principales partidos políticos han anunciado de antemano su voto en contra. El rechazo de PSOE y PP bastaría para denegar el plan y zanjar las intenciones del Ejecutivo vasco. Por eso el lehendakari ha tramado otra estrategia al margen de la legalidad. Una vez aprobado en el Parlamento de Vitoria, Ibarretxe pretende iniciar una negociación bilateral con el Gobierno de España. Aunque no tendría ninguna validez, el presidente vasco quiere alcanzar mediante un pacto político aquello que sabe que nunca conseguirá en las Cortes. Por eso, busca saltarse el trámite parlamentario. El Partido Popular ha advertido esta estrategia, que ha calificado de "alegal" e "inconstitucional". El Partido Socialista también se ha dado cuenta y ha instado a Ibarretxe a que someta a votación su plan en el Congreso, tal y como corresponde. El PP también ha recomendado al Gobierno central que impugne el proyecto soberanista ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero prefiere agotar las vías políticas antes de abrir un enfrentamiento judicial. Ibarretxe ha anunciado que dentro de seis meses someterá a referéndum el plan en el País Vasco, tanto si prospera la negociación bilateral con el Gobierno como si no llega a producirse. Se trataría de un referéndum ilegal que el lehendakari quiere celebrar a toda costa para que los ciudadanos ratifiquen su proyecto independentista. Se da la casualidad de que el anterior Gobierno de José María Aznar aprobó hace un año una reforma del Código Penal que preveía pena de prisión para Ibarretxe si convocaba esa consulta popular. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo de Zapatero derogó esa norma hace un mes. Aunque sea ilegal, si Ibarretxe convocara el referéndum no le pasaría nada.
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