Los políticos catalanes han iniciado una ofensiva de presiones y coacciones al Tribunal Constitucional para tratar de conseguir que la sentencia contra el estatuto de autonomía sea lo menos dañina posible para sus intereses. El sector más favorable al PSOE se está encargando de filtrar a los amigos de la prensa que el estatuto va a sufrir un recorte importante cuando vea la luz la sentencia que lleva redactándose más de tres años.
La intención aparente podría ser convencer a la clase política catalana y al conjunto de la sociedad de que el estatuto se hizo mal y debe ser corregido. Pero el efecto que está provocando, a la luz de las reacciones, es el contrario. Desde el presidente de la Generalitat, José Montilla, hasta el líder de la oposición, Artur Mas, casi todos coinciden en la gravedad que tendría una sentencia semejante para la comunidad autónoma.
Por ello, se han metido en una escalada de advertencias, amenazas y coacciones al Tribunal Constitucional que recurre a toda clase de excusas. Ahora utilizan incluso al Congreso de los Diputados para aseverar que no se puede tumbar lo que las Cortes Generales han aprobado democráticamente. Pues sí se puede, porque así lo establece la propia Constitución aprobada no sólo por el Congreso y el Senado, sino por toda la población española en el referéndum del 6 de diciembre de 1978.
Muy pronto celebraremos en esta sede parlamentaria el 31 aniversario se aquella cita histórica para el país. Pero algunos políticos catalanes se empeñan en olvidar aquel hito histórico con tal de defender sus propios intereses.
Imprimir
Enviar
Comentar