Pablo A. Iglesias.- Primero fue Ermua, y ahora Sevilla. El espíritu de la localidad vizcaína se ha difundido por toda España, y en cada rincón del país se grita "¡Basta ya!" como repudio a los asesinatos que comete la banda terrorista ETA.
Las calles de Sevilla reunieron a más de 400.000 personas, que se reunieron a las seis de la tarde del sábado para mostrar su rechazo a la banda armada y exigir la paz a ETA y HB. La lluvia y el frío no fueron inconvenientes para que los sevillanos se dieran cita en la calle San Fernando y comenzaran una caminata por las calles de la capital andaluza que reunió a jóvenes, mayores y, como no, políticos.
En esta ocasión, la hermana del concejal asesinado, Alberto Jiménez Becerril, caminaba en la cabecera de la manifestación, mientras que detrás de ella la seguían la alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, el ministro de Trabajo, Javier Arenas, el presidente de Andalucía, Manuel Chaves, los sindicalistas Cándido Méndez y Antonio Gutiérrez, y un largo etcétera de autoridades.
A continuación, la manada de gente que marchaba en silencio como muestra de dolor por el concejal asesinado y su esposa, quienes fueron enterrados por la mañana después del funeral celebrado en la Catedral de Sevilla, el cual presidieron los Duques de Lugo, y que ofició el arzobispo de la ciudad hispalense, Monseñor Carlos Amigo.
En el funeral, Monseñor Amigo afirmó que "no podemos admitir que la muerte, la extorsión, el terror y el miedo sean solución para nada", por lo que hay que confiar en la justicia, a lo que "los que tanto mal nos habéis causado, no podéis pedirnos que renunciemos". A las numerosas condenas por el atentado, también se sumó el Papa, quien expresó a través del arzobispo de Sevilla su "hondo pesar" y "enérgica reprobación" por los actos de aquellos "que atentan contra la pacífica convivencia y ofenden los sentimientos más profundos del ser humano".
A la manifestación de Sevilla se sumaron otras muchas en el resto de ciudades españolas, entre ellas, Bilbao, donde se manifestaron más de 100.000 vascos, o Huelva, con más de 20.000 personas en las calles, además de otras decenas. [31-1-1998]
Pablo A. Iglesias.- Alberto Jiménez Becerril era concejal delegado de Hacienda del Partido Popular en Sevilla, y "mano derecha" de la alcaldesa Soledad Becerril según algunos compañeros. Al igual que otros miembros del partido, había recibido amenazas de muerte, pero prefería seguir con una vida normal.
De tal modo, Alberto regresaba con su esposa a casa el pasado viernes 30 después de tomar unas copas con los amigos en un bar cercano a su domicilio. Próximos ya a la entrada a su hogar, la pareja escuchó unos ruidos por la calle detrás de ellos a la 1.24 de la madrugada. En ese momento, dos personas se acercaron a ellos y les dispararon sendos tiros en la nuca, dos balas del calibre nueve milímetros parebellum -munición utilizada por ETA habitualmente- que les produjeron la muerte en el acto. El suceso ocurría en la calle Remondo, en pleno centro de Sevilla, a escasos metros de la Giralda y la catedral, donde el arzobispo de la capital andaluza, Monseñor Carlos Amigo, ofició al día siguiente el funeral por la pareja asesinada.
Alberto Jiménez Becerril es el quinto concejal del PP asesinado por ETA desde enero de 1996, cuando acabó con la vida de Gregorio Ordóñez. Desde entonces, Miguel Angel Blanco, en julio; José Luis Caso, en diciembre; José Ignacio Iruretagoyena, a principios de enero; y Alberto Jiménez, el pasado viernes; han sido las otras cuatro víctimas de la organización terrorista, quien ha centrado su punto de mira en miembros del Partido Popular en las últimas fechas.
Según investigaciones policiales, fueron dos los terroristas que siguieron al concejal del PP y su esposa en la madrugada del viernes, aunque uno de ellos fue el encargado de apretar el arma que acabó con la vida de ambos. Los análisis de balística han demostrado que los dos casquillos encontrados en las cercanías de donde quedaron tendidos los cuerpos de los fallecidos pertenecen a la misma arma, la cual no había sido utilizada con anterioridad.
La policía trabaja ahora con diversas pistas que pueden llevar hasta los asesinos. No obstante, la colaboración ciudadana es imprescindible para desarrollar con éxito las investigaciones. Con la ayuda de la ciudadanía podría descubrirse si la banda terrorista posee un grupo terrorista establecido en el sur del país, especialmente en ciudades como Sevilla, Granada o Córdoba. [30-1-1998]
Alberto Escalante.- El ex presidente del Gobierno y, hasta el verano pasado, secretario general del PSOE, Felipe González, zanjó el jueves definitivamente la polémica acerca de su posible candidatura en las próximas elecciones generales. González declaró en el Congreso de los Diputados a los medios que tiene "un candidato, y cuando sean las elecciones primarias en mi partido lo apoyaré a fondo, porque es la persona que puede hacer un buen Gobierno y que puede ganar. Ese es Joaquín Almunia".
La polémica se había reavivado esta semana con las declaraciones del presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en las que proponía a Felipe González como máximo candidato a representar al PSOE en las generales. Rodríguez Ibarra puso sobre la mesa otros tres nombres, Joaquín Almunia, Javier Solana y José Borrell. Según González, "dos de los que se barajan hemos dicho claramente que no. Javier Solana lo dijo hace veinte días y ahora lo digo yo".
El ex presidente argumentó su apoyo incondicional a Almunia porque "Joaquín reúne para mí todas las condiciones: tiene una gran experiencia política, es muy sólido desde todos los puntos de vista, conoce muy bien la realidad y, además, tiene la mirada limpia. Es lo más oportuno, lo más serio y lo mejor en este esfuerzo de renovación". Felipe González aclaró también su posición respecto a la posibilidad de presidir la Comisión Europea: "si realmente quisiera comprometerme con la construcción europea, entonces tendría un poco de deseo de presidir la Comisión Europea, que por el momento me parece un instrumento un poco más eficaz que encabezar la lista de un grupo, aunque sea el nuestro". [29-1-1998]
Marta Fernández Olalla.- El comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, no presentará el documento sobre la reforma del aceite de oliva hasta finales de marzo para incluirla así en el paquete negociador de toda la agricultura en la llamada "Agenda 2000". El comisario calificó de "porquería" la filtración de un borrador sobre esa reforma, según los eurodiputados del Partido Popular.
La temperatura de la guerra del aceite ha bajado bastante grados. En parte gracias a los buenos oficios de Marcelino Oreja, que aprovechó la visita a Bruselas de Aznar para pedirle que el Ejecutivo no echara más leña al fuego de la polémica con Fischler. Más tarde, Aznar lanzó ante la Prensa un mensaje de calma "lo más importante es no crear polémicas estériles y buscar un buen acuerdo".
Las actuaciones del gobierno, la agresividad desmesurada de la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, y la falta de tacto mostrada por el ministro del Exterior, Abel Matutes, centraron las críticas entre los comisarios y entre los oliveros ante su mala capacidad diplomática.
La ministra de Agricultura hizo todo lo posible, al principio, para retrasar el dictamen de Parlamento europeo sobre la cuestión, para ganar tiempo y permitir que se produjeran más cosechas que demostraran que las cifras de producción asignadas por Fischler a España están muy por debajo de la realidad.
Pero esa estrategia cambió repentinamente en septiembre pasado, cuando la ministra empezó a presionar al Parlamento para que aprobara el dictamen y a los comisarios españoles para que la negociación se adelantara y se realizara al margen de la Agenda 2000. Solamente queda saber lo que hará el Parlamento en marzo, si realizará la reforma del mercado del aceite de oliva o si la unirá a la Agenda 2000. [28-1-1998]
Nacho García Barco.- El Presidente del Gobierno español, José María Aznar, viajó a Bruselas el pasado miércoles 28 con motivo de la inauguración de la sede del Instituto Cervantes, donde aprovechó para referirse a los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país hasta la fecha.
Antes de que ETA asesinara a otro miembro de su partido, el jefe del Ejecutivo habló del terrorismo en España y, además de pedir prudencia y sensatez sobre la seguridad de los concejales del Partido Popular, quiso dejar bien claro, a la hora de enjuiciar este problema, que "ETA es culpable y ejecuta personas". También expresó su tristeza por la decisión del clero vizcaíno de desaconsejar que el obispo de Bilbao oficie funerales por las víctimas del terrorismo, así como por la actitud indefinida adoptada por la Conferencia episcopal ante este caso.
También tuvo palabras de reproche para Jordi Pujol y su partido por no consultar con el PP su iniciativa de solicitar la comparecencia de Jesús Cardenal en el Congreso. Aznar, que confirmó en Bruselas que el fiscal general comparecerá para aclarar su posición, aclaró también que no duda de la contundencia de las declaraciones de Cisneros sobre la opinión que le merecen las dictaduras de Chile y Argentina.
Antes de partir hacia Francia, Aznar aseguró que está decidido a tomar medidas en caso de que prospere la reforma Fischler en el mercado del aceite de oliva en la Unión Europea. Por la tarde, y ya en París, antes de acudir al partido de fútbol entre España y Francia que inauguraba el estadio Saint Denis, el Presidente del Gobierno español se reunió con Jacques Chirac y Lionel Jospin, dejando bien claro las excelentes relaciones que existen actualmente con el país galo.
En la reunión, se abordaron temas interesantes como el riesgo de la falta de liderazgo norteamericano, la parálisis del proceso de paz en Oriente Medio, los desafíos pendientes en el seno de la UE, y la posición semejante de España y Francia dentro de la Unión Europea. Pero quizá, lo más destacado fue la ratificación por parte de Jospin de la intacta voluntad francesa de ayuda contra la lucha antiterrorista. Además, Chirac y Aznar acordaron un diálogo permanente y fluido en la recta final hacia el euro. [28-1-1998]
Txema García.- La ley de política lingüística para Cataluña entró en vigor el pasado día 29, tan sólo un mes después de que fuese aprobada en el Parlamento Catalán sin consenso político entre todos los partidos políticos, ya que tuvo la oposición de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y del Partido Popular de Catalunya (PP), ambos por razones radicalmente opuestas.
La nueva ley se aplicará a todos los ciudadanos de Cataluña por igual y tendrá aplicación inmediata a todos los sectores catalanes a excepción de las empresas y de los medios de comunicación que contarán con cinco años de prórroga para adaptarse a los requerimientos de la nueva ley.
Ésta recoge como puntos más importantes los referentes a la administración del estado, registros, empresas, comercios, etiquetado, mundo laboral, medios de comunicación y la inmersión lingüística en las escuelas.
La aprobación de esta ley a arrastrado detrás de sí polémica tanto en el ámbito político como en el social. A pesar de que, desde la Generalitat, se ha intentado tranquilizar los ánimos afirmando que la aplicación será "progresiva y tolerante", el cruce de acusaciones entre las distintas formaciones políticas ha sido inevitable. Mientras ERC acusaba tanto al PP como al Partido Socialista de Cataluña (PSC) de intentar frenar el avance del catalán, el PP acusaba a la Generalitat de "marginar" al castellano.
Referente a las reacciones suscitadas por la entrada en vigor de la nueva ley, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Catalunya, se entrevistó el pasado viernes 30 con Francisco García Prieto, principal responsable de las casas regionales en Cataluña al que aseguró la intención por parte del gobierno Catalán de aplicar la ley con "prudencia".
[29-1-1998]
José Antonio López Durio.- Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, consideró los golpes militares y el terrorismo de Estado -practicados en Chile y Argentina durante sus respectivas dictaduras- una mera sustitución temporal del orden constitucional destinada a subsanar las insuficiencias que este orden constitucional adolecía, para mantener la paz pública; y Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, le apoyó, y relacionó lo sucedido en Chile y Argentina con lo dispuesto por la Constitución Española para cuando se declara el estado de sitio o de excepción.
Estas declaraciones de los fiscales son las que han desencadenado un ambiente enrarecido entre Convergencia i Unió (Coalición Canaria, el otro aliado del Partido Popular, también apoya esta postura) y el PP. Los nacionalistas catalanes, sin consulta previa al Gobierno, iban a proponer en el Congreso que se exigiera a Cardenal y Fungairiño rectificar sus manifestaciones justificatorias. De no producirse éstas, emprenderían duras medidas en su contra.
Sin embargo, CiU ha acabado renunciando a pedir (a través de la propuesta no de ley presentada el pasado martes 27 en el registro del Congreso) la dimisión del fiscal general del Estado, Cardenal, y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Fungairiño, a cambio de la promesa del PP de que el primero acuda al Congreso a condenar los regímenes dictatoriales en Chile y Argentina. Este acuerdo se alcanzó entre el portavoz del PP, Luis de Grandes, y el de CiU, Joaquim Molins, con participación del vicepresidente, Francisco Álvárez Cascos.
Para cerrar el círculo del pacto, Jesús Cardenal se apresuró a declarar a última hora del martes 27 que estaba satisfecho de poder acudir al Congreso para dejar clara cuál ha sido su postura en este asunto. El portavoz del PP, Luis de Grandes, manifestó que la postura de Cardenal contraria a las dictaduras ya le consta a todo aquel que haya querido escucharle, pero que no existe inconveniente alguno en que tenga la ocasión de repetir ese criterio en el Congreso. El portavoz de Justicia del PP, Andrés Ollero, afirmó que su partido desea aclarar a fondo el conflicto. [27-1-1998]
La Semana que vivimos - Semana del 26 de enero al 1 de febrero de 1998
La Semana que vivimos - Semana del 26 de enero al 1 de febrero de 1998
