Las líneas maestras del plan soberanista

Por Noelia Hernández Martín2 min

España26-09-2003

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, presentó el pasado viernes su plan soberanista. Asumir plenamente las competencias en materia judicial, el reconocimiento oficial de la nacionalidad vasca, sin renunciar por ello a la española, y la defensa de los derechos, tanto para la víctimas de ETA como de los verdugos encarceladas son algunos de los puntos más importantes.

Un plan ambiguo donde los haya. Con el doble lenguaje pretende hacer un guiño a los independentistas más radicales que ven en él un proyecto hacia la independencia total, con una nacionalidad vasca y un autogobierno con las competencias de mayor peso. Sin embargo, su cuidada semántica y el lenguaje políticamente correcto del plan disfrazan la boca del lobo que se esconde tras él para, así, no perder a los adeptos nacionalistas más moderados. En este plan hay para todos. Así, el ala más conservadora podrá seguir ostentado su nacionalidad española y disfrutar de una vida sin la violencia de ETA. Ibarretxe se encumbra como el paladín de los derechos humanos. Una defensa opuesta y contradictoria. No sólo luchará a capa y espada por defender a las víctimas del terrorismo, sino que respaldará los derechos de los encarcelados y el acercamiento de los presos de ETA. El plan sobernista contempla la existencia de un pueblo vasco con identidad propia que se extendería por España y Francia. Para ello, serán los ciudadanos del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés o Iparralde los que tendrán el derecho a decidir su propio futuro a través de un referéndum que se celebrará en 2005. El lehendakari presentó dos puntos especialmente polémicos. Por un lado, la creación de un Tribunal Supremo vasco que sería "la cúspide de la organización judicial en Euskadi", asumiría las competencias de la Audiencia Nacional y obviaría al Tribunal Supremo. Por otro lado, propone la ruptura de la caja única de la Seguridad social, es decir, que reclama la competencia de recaudar las cotizaciones sociales y la gestión de sus fondos. Asimismo, entre otras competencias, se adjudicaría en exclusiva la educación, políticas lingüísticas y económicas, hacienda, patrimonio, infraestructuras y sanidad. El País Vasco tendría voz propia en Europa y en el mundo. El plan del nuevo Estatuto aboga por defender sus intereses en la Unión Europea y por lograr la potestad en la firma de tratados internacionales.