CONSUMO

El centro de inglés Brighton en quiebra y sus 4 mil estudiantes en la calle

Por Ana Romero Vicente2 min

Economía30-10-2002

Hace unos días las academias de inglés Brighton de Cataluña se declararon en quiebra. El cierre que esto conlleva fue inmediato pero, sobre todo, imprevisto. Ni alumnos ni trabajadores fueron avisados previamente y mientras unos se enteraban a través de carteles colgados en las puertas de los locales, otros vivieron en directo como uno los centros Brighton era desalojado por la Guardia Civil por no pagar los alquileres.

Y bajo una lluvia de sospechas, de acusaciones y de cifras inexactas, las conjeturas se multiplican. El escándalo social y económico que se avecina no resulta difícil de predecir, teniendo en cuenta que el caso Opening, antecedente de gran polémica todavía, se sigue moviendo entre las distintas capas sociales, amenazando con librar batalla en cualquier frente. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cosas con el fin de no mezclar dos casos que en apariencia resultan idénticos. Si bien se trata de centros de enseñanza no reglada, no parecen tener el mismo historial. Los 17 años de antigüedad de las academias Brighton dejan en entredicho que se trate de una estafa, motivo de denuncia para muchos de sus alumnos. Sin embargo, son muchas las averiguaciones que faltan por hacer, entre ellas una auditoría que revele datos sobre los gastos e ingresos de la empresa, así como la contabilización de éstos. De momento no se trata de una quiebra general como Opening. Han sido los siete centros de inglés Brighton distribuidos por Cataluña los únicos que han cerrado: 200 trabajadores se han quedado en la calle y cerca de 4 mil alumnos se quedan sin clases. Las declaraciones de unos y otros llevan a la confusión: unos afirman llevar sin cobrar desde mayo; otros niegan esto e incluso aseguran que Brighton jamás descuidó a sus empleados. Lo que sí está claro es el problema al que van a tener que enfrentarse miles de alumnos, ya que Brighton, al igual que Opening, también utilizó el sistema de cesión de créditos para que sus alumnos abonaran los cursos. Ahora que han cerrado, los estudiantes deberán seguir pagando a los bancos hasta cumplir con el crédito, aun no recibiendo las clases. Por este motivo, el Gobierno se ha puesto manos a la obra, y con el fin de regularizar este tipo de prácticas va a firmar un decreto, respaldado por todas las Comunidades Autónomas así como por el Instituto Nacional de Consumo. Con él se pretende que la cesión de créditos acordados entre bancos y este tipo de centros esté más y mejor controlada. El objetivo principal es que el usuario-alumno siempre sepa a lo que se está sometiendo y que aparezcan por escrito en el contrato todas las partes implicadas: tanto el propio centro como la entidad bancaria.