SIN CONCESIONES

El fascismo de los antifascistas

Por Pablo A. Iglesias3 min

Opinión07-09-2017

El esperpento vivido en el Parlamento de Cataluña es de tal magnitud que un pequeño detalle ornamental pasó desapercibido. La portavoz de la CUP, Anna Gabriel, tuvo la desafiante idea de asistir a la sesión sobre el referéndum de independencia con una camiseta un tanto provocadora. "Todos somos antifascistas", llevaba escrito sobre el pecho en catalán. Podría haber elegido una camiseta contra los desahucios, contra la monarquía, contra los bancos, incluso contra el resto de España. Mas no. Gabriel debió de pensar que nada mejor que ese lema (de una campaña para liberar a seis compañeros encausados) para emprender la desconexión de los fachas herederos del franquismo. Pero la realidad es que, cuatro décadas después de la muerte del dictador y de las primeras elecciones democráticas en España (incluida Cataluña), los únicos fachas con actitud autoritaria y antidemocrática son precisamente los independentistas.

Nada más fascista, autoritario y antidemocrático que el golpe de Estado de Junts y la CUP

Nada más fascista, autoritario y antidemocrático que el golpe de Estado cometido por Junts pel Sí y la CUP al aprobar una ley vulnerando normas parlamentarias y constitucionales. Con el texto legislativo escondido durante más de un mes. Utilizando un mecanismo suspendido por el Tribunal Constitucional. Dificultando a la oposición que ejerza su trabajo. Negando que el Consejo Consultivo de la propia Generalitat de Cataluña elabore un informe jurídico. Con un escrito de los letrados del Parlamento alertando de la ilegalidad que se iba a cometer. Con un secretario general de la Cámara que rechaza legitimar semejante atrocidad con su firma. Con cuatro miembros de la Mesa que usurpan el papel de los funcionarios tachados de disidentes por acatar la ley. Con premeditación. Siendo plenamente conscientes de que violan las normas. Con nocturnidad y alevosía al tramitar después de la medianoche la mal llamada ley de transitoriedad.

Lo ocurrido es gravísimo y manifiestamente ilegal, como viene advirtiendo hace meses el Tribunal Constitucional. Lo saben y aún así lo hacen. Pero la abrupta forma en que ha sucedido retrata a sus protagonistas y revela su verdadera esencia. Los políticos independentistas son tiranos que imponen a toda costa sus designios, son bucaneros (Coscubiela dixit) que saltan por encima de las leyes, son caciques que anhelan una Cataluña a su imagen y semejanza sin nadie que rechiste, son delincuentes orgullosos de desobedecer al Estado de Derecho porque no lo reconocen, son profesionales de la mentira que han engañado con demagogias y quimeras a casi la mitad de los catalanes, son kamikaces a toda velocidad hacia el precipicio, son conductores inmisericordes que atropellan los derechos del resto de los ciudadanos.

La Justicia debe caer contundentemente sobre todos y cada uno de los independentistas

Esta actitud desautoriza e inutiliza cualquier diálogo, cualquier intento de buscar una solución política. Esta crisis no va de eso. No puede ir de negociar puntos intermedios con quien se coloca en un extremo y chantajea con desafíos a la ley. No puede consistir en tratar de contentar a quien ha evidenciado que sólo le satisface imponer sus ideas a la fuerza. Tampoco hay que repartir culpas por igual con complejos de equidistancia. De la misma manera que los únicos culpables de un atentado yihadista son los terroristas, los únicos responsables de un atentado a la democracia son quienes quebrantan las normas de convivencia. Es decir, los independentistas y nadie más. Por eso, la Justicia debe caer contundentemente sobre ellos. Sobre todos y cada uno de ellos, sin excepción. Si Juana Rivas es detenida por esconder a sus hijos de un padre condenado por maltrato, quienes ignoran al Tribunal Constitucional y quiebran el Estado de Derecho deben recibir una pena proporcional a la gravedad de sus delitos. Todos somos iguales ante la ley y la ley debe actuar igual contra todos. Ya lo ha hecho -por citar casos muy diferentes- contra Juana Rivas, Ignacio González, José Barrionuevo e incluso el cuñado del rey Felipe VI. Ahora debe hacerlo contra los ejecutores del mayor desafío a la democracia española desde el fallido golpe del 23 de febrero de 1981.