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Crimen Organizado

La Agencia Tributaria lleva a cabo la Operación Dragón

Por Javier Álvarez LagoTiempo de lectura2 min
Economía08-06-2017

Tras 6 meses de investigación, la Agencia Tributaria ha registrado un total de 61 locales situados en 11 CC.AA. Dedicados a la importación, distribución y venta de productos de origen asiático, provenientes principalmente desde China, se les acusa de fraude fiscal y participar de forma sistemática en la llamada economía sumergida. Al ser una actuación administrativa, de momento no se han producido detenciones.

Según la propia Agencia Tributaria, por los polígonos registrados transita más del 50% de la mercancía que finalmente llega a España proveniente desde China. Los puntos más estratégicos, y los más inspeccionados en esta operación coordinada a nivel nacional y que ha implicado a cerca de 400 funcionarios (la Agencia Tributaria ha actuado junto a personal de la ONIF, de la Auditoría Informática, de la Vigilancia Aduanera y a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado), son los polígonos de Cobo Calleja, El Carrús y Badalona Sud, situados en Madrid, Alicante y Barcelona respectivamente. En total, se han hecho comprobaciones a 66 sociedades empresariales y a 6 personas físicas.

Lo principal de la llamada Operación Dragón ha sido el registro de los locales, de sus cuentas contables y de sus "sistemas electrónicos de procesamiento de la información". Según ha declarado la propia Agencia Tributaria en su página web, los investigados evitaban sistemáticamente el pago de impuestos, especialmente el del IVA. Por su parte, tambien existen indicios de que las cuentas eran retocadas. Y es que, mientras que el margen de explotación del sector suele rondar el 40%, los investigados declaraban de media uno del 1,7%, es decir, veinte veces menos de lo normal. Otros negocios llegaban incluso a declarar pérdidas cuando obtenían elevados beneficios.

Por otra parte, los pagos de los clientes eran realizados en su mayoría en efectivo, incluso cuando superaban los 25.000 euros que establece como máximo la ley. Y es que el 70% de las transacciones pasaban a engrosar las cuentas B de estas organizaciones. Si los clientes no pedían que se les extendiese una factura, esta no se realizaba. A su vez, cuando se pagaba el IVA, se solía compensar esta "pérdida" de ingresos declarando ventas fraudulentas de cara a reducir la cuantía a pagar.  Asimismo, por último, se han descubierto cuentas bancarias que permitían enviar y recibir dinero a sus miembros sin el debido control tributario.