ANÁLISIS DE INTERNACIONAL

Comodidad frente a dignidad

Por Isaac Á. Calvo3 min

Internacional28-09-2015

Las conversaciones entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) parece que se adentran en la recta final. Han sido muchos meses de proceso, en el que ha habido avances, estancamientos y retrocesos, pero nunca una ruptura.

El presidente, Juan Manuel Santos, estaba eufórico después del histórico apretón de manos con el líder de las FARC Rodrigo Londoño Timochenko, que tuvo lugar en Cuba, bajo la atenta mirada de Raúl Castro, quien no es precisamente el adalid del respeto a los derechos humanos.

Alcanzar la paz es, a priori, algo bueno. La cuestión empieza a ensombrecerse cuando se van conociendo los detalles del acuerdo. Y todavía más cuando se deja entrever que las FARC son las grandes beneficiadas de este proceso, y las víctimas, como en tantos otros procesos similares, las olvidadas.

Las FARC llevan décadas cometiendo atentados, asesinando a militares, policías, políticos, civiles..., secuestrando, participando en el negocio del narcotráfico y poniendo en jaque al Estado colombiano. Sin embargo, en los últimos años habían perdido mucha fuerza debido a la acción de los gobiernos de Colombia, a la mejora de las condiciones sociales y económicas en el país y a una mayor presencia y dedicación de las instituciones estatales.

Llama la atención que Juan Manuel Santos haya puesto tanto empeño en llegar a un acuerdo con las FARC cuando estas se encuentran en uno de sus momentos más débiles. Y sorprenden, todavía más, las benévolas condiciones de las que van a disfrutar los guerrilleros-terroristas.

Según el texto acordado en Cuba, los miembros de las FARC que reconozcan fehacientemente su participación en delitos graves solo verán restringida su libertad entre cinco y ocho años, y lo harán en condiciones especiales (no ingresarán en la cárcel) mientras asisten a actividades de socialización. Los que sean más timoratos en asumir responsabilidades irán a prisión entre cinco y ocho años. Aquellos que no se acojan a ninguna de estas posibilidades y sean declarados culpables serán recluidos hasta 20 años en un centro penitenciario.

En todos los casos, estas condenas son bastante suaves, dado el sangriento historial de las FARC y la atrocidad de sus crímenes. Parece que se quiere alcanzar la paz a cualquier precio, hacer borrón y cuenta nueva, y tener la comodidad de no sufrir atentados a cambio de sacrificar la dignidad de las víctimas.

Es cierto que en toda negociación ambas partes deben ceder en alguna de sus pretensiones, pero hay límites que un Estado de Derecho no debe superar porque muchos de sus servidores han dado la vida por defenderlo. Cuando esto ocurre, se crea una sensación de impunidad porque los criminales reciben un castigo mínimo, y también se genera impotencia porque quienes han defendido a Colombia ven que su trabajo ha sido inútil (incluso pueden pensar que para ceder ahora, mejor haberlo hecho hace años y ahorrarse el sufrimiento). Por si no fuera suficiente, además, implícitamente, se está alimentando la semilla de la legitimación de la violencia, algo que conlleva trágicas consecuencias.