DEFENSOR DEL PUEBLO

En busca de la causa perdida

Por Ana María Riaza2 min

España07-06-2002

Con la mitad de quejas recibidas que el año anterior, el Defensor del Pueblo presentaba la pasada semana su Informe Anual de denuncias populares correspondiente al año 2001, y cuyas principales líneas de queja esbozan una España de muchos trámites y pocos ajustes carcelarios.

La primera, y quizá las más grave, de las denuncias que el Defensor del Pueblo ha presentado a la sociedad española radica en el desbarajuste legal y formal que existe dentro de las cárceles españolas. Desde el pasado año 2000, el número de presos acogidos en las penitenciarías de todo el país ha aumentado en casi 5.000 nuevos reclusos, que, en muchas ocasiones, se hacinan de tres en tres en celdas de menos de ocho metros cuadrados. Este desaforado nivel de saturación no sólo daña la integridad de los casi 50.000 reclusos que hay en España -según el informe, cinco de las 33 muertes entre reclusos registradas el pasado año fueron consecuencia directa del incremento de violencia que provocan estos altos niveles-, sino que atenta contra la legislación española, así como contra la regulación establecida por las Naciones Unidas en 1957, y que establece unas normas mínimas en el tratamiento a los presos de la Europa democrática. Del mismo modo, el Informe del Defensor del Pueblo reseña las ínfimas condiciones en que se encuentran los centros de internamiento de inmigrantes. Su carácter de "internos" en vez de presos, y su condición de "problemas administrativos" en vez de delincuentes no les libra de su paso por esa piedra que suponen los centros de recogida de "sin papeles", que son localizados por la policía y posteriormente deportados a su país de origen -proceso que, por otra parte, puede prolongarse hasta un total de cuarenta días en que los inmigrantes son encerrados en celdas aisladas, sin posibilidad de recibir visitas de más de diez minutos de duración y a través de paneles de cristal. En esta línea, el informe ha criticado también el carácter "difícilmente aplicable" de la nueva Ley de Extranjería, aprobada por el Parlamento en 2001. En lo que se refiere a la aplicación de la Justicia, el informe resalta la pasmosa lentitud de los órganos judiciales a la hora de tramitar las admisiones de unos asuntos u otros, y que, en ocasiones, se prolongan hasta los dos o tres años de espera. En este sentido, destaca también la ineficacia de las órdenes de alejamiento emitidas por la justicia española en los casos de malos tratos a mujeres, así como la falta de aplicación de medidas más taxativas para este tipo de casos.