INMIGRACIÓN

El Gobierno plantea una reforma de la Ley de Extranjería

Por Cristina Casares2 min

España08-06-2002

Cada vez llegan más inmigrantes a España. Al mismo tiempo, aumenta también el número de extranjeros que viven y trabajan de manera ilegal. Son los llamados sin papeles. El Gobierno se plantea la que sería la tercera reforma de la Ley de Extranjería en cuatro años.

El Gobierno aprobó en 1999 una nueva Ley de Extranjería que sustituía a la vigente desde 1985. Esta ley entraba en vigor a partir de enero de 2000 y tan sólo con nueve meses de vida ya volvía al Congreso. El Ejecutivo pensaba que la nueva normativa fomentaba la inmigración ilegal. Dos años más tarde, el Gobierno sigue sin estar satisfecho. Los índices de inmigración ilegal no han cesado de aumentar y el Presidente del Gobierno, José María Aznar, cree que la solución es una política de inmigración más contundente. Así, el Gobierno ha decidido reformar una vez más la Ley de Extranjería con medidas aún más restrictivas que imitan a países como Italia o Austria. Algunos de los cambios más importantes son la supresión del arraigo, la limitación del reagrupamiento familiar y el endurecimiento de las penas a aquellos que fomenten la inmigración ilegal. En cuanto a la supresión del arraigo, según esta reforma, los inmigrantes ya no podrán obtener el permiso de residencia temporal por vivir durante cinco años en el país. La limitación del reagrupamiento familiar consiste en que los inmigrantes podrán traer a sus hijos a España pero únicamente si son menores de 16 años (antes el límite estaba en 18 años). Y en el aspecto penal, se pretenden aumentar las penas por la contratación y el tráfico de los ilegales. Aznar propondrá estas y otras medidas los días 21 y 22 de junio en la Cumbre de Sevilla donde los Quince de la Unión Europea (UE) intentarán llegar a un acuerdo sobre una política de inmigración común. Tras esta reunión, el Gobierno llevará las bases de la reforma al Debate del Estado de la Nación, que se celebrará los días 15 y 16 de julio. Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha puesto esta semana en entredicho la política española de inmigración. La ONU ha denunciado malos tratos, denegación de derechos y expulsiones de menores marroquíes acogidos en Ceuta y Melilla. Las autoridades de ambas regiones niegan que estas acusaciones sean ciertas porque aseguran que, entre otras cosas, ningún responsable de la ONU se ha acercado a constatarlo, aunque los responsables políticos de Ceuta y Melilla han declarado en numerosas ocasiones que "no dan abasto" ante la avalancha continua de menores marroquíes. Las opiniones ante la próxima reforma en materia de inmigración no han tardado en aparecer. Convergencia i Unió (CiU) y el Gobierno Vasco ya han mostrado su rechazo. La Iglesia, por su parte, ha criticado duramente la reforma y han afirmado que "recorta los derechos".