INTERNET
El PP obliga a los ISP a retener los datos electrónicos durante un año
Por Arantxa Orusco
1 min
Comunicación08-06-2002
Una nueva enmienda en la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) obliga a los operadores y los proveedores de acceso a redes que guarden el tráfico de los internautas por razones de seguridad.
La nueva enmienda a la LSSI presentada en el Senado por el Partido Popular (PP), concretamente, en el artículo once, indica que “los operadores de redes y los proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de la Sociedad de la Información deberán retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio por un período de doce meses”. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, pretende que los datos electrónicos puedan ser puestos a disposición de autoridades policiales o judiciales por el posible delito de que se hubieran utilizado servicios de la Sociedad de la Información por parte de algún usuario a la red.. Las repuestas de los diferentes partidos políticos no se han hecho esperar. El PSOE rechaza por completo la rectificación introducida por el PP y ha presentado un veto al Proyecto de Ley y 40 enmiendas en el Senado a la Ley Birulés. Los socialistas ven de esta forma coaccionado el derecho de intimidad de los internautas y piden que los prestadores de servicios de Internet (ISP) se vean obligados a separar los datos de facturación del usuario de la red con los datos de navegación, salvo expreso consentimiento del usuario o resolución judicial. La introducción de esta enmienda por parte del PP no ha tenido demasiada acogida tampoco por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología (principal promotor de la LSSI), de Izquierda Unida (I.U) y, sobre todo, de la Asociación de Internautas, que se oponen radicalmente al proyecto por entender que convierte a los prestadores de servicios en ciberpolicías y porque la meta final para ellos no es luchar contra la delincuencia, “sino cercenar derechos, libertades y garantías”.