CRISIS ECONÓMICA
Standard & Poor´s rebaja la calificación de España
Por Raquel González
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Economía27-04-2012
La agencia Standard & Poor's (S&P) disminuye la nota de la deuda a largo plazo de España en dos escalones, desde “A” hasta “BBB+” y la deuda a corto plazo pasa de situarse en “A-2” a “A-1”. S&P sostiene que existen riesgos respecto al crecimiento económico y que la trayectoria presupuestaria podría deteriorarse respecto a las previsiones realizadas en enero de 2012.
S&P rebaja dos puntos el rating de España, situando la deuda a largo plazo en “BBB+” y la de a corto plazo en “A-1”, lo que supondrá un encarecimiento de las próximas emisiones de deuda y dificultará la de las comunidades autónomas. Además, esto puede conllevar a que el Banco Central Europeo (BCE) intervenga antes de lo previsto. La agencia entiende que la calidad crediticia de España está amenazada debido a la existencia de "riesgos significativos con respecto al crecimiento económico y a la ejecución presupuestaria”. Añaden que “en un entorno de recesión económica, la trayectoria presupuestaria de España probablemente se deteriorará con respecto a nuestras previsiones de enero de 2012". Este posible deterioro se debe a la actual desviación del déficit, actualmente situado en el 8,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). S&P expone que “es improbable que se alcancen los objetivos en el actual entorno económico y financiero”, situados en el 5,3 por ciento para 2012 y el 3% para 2013. En un principio, la agencia estimó un crecimiento del PIB en un 0,3 por ciento en 2012 y un 1 por ciento en 2013 pero, debido a la caída de los ingresos, a los efectos del desapalancamiento del sector privado y de los del plan de consolidación fiscal aprobado por el Gobierno, ha cambiado esos valores y, ahora, estima una contracción real del PIB del 1,5 por ciento este año y del 0,5 para el siguiente. La agencia S&P cree que las CC.AA son las responsables de las desviaciones presupuestarias mostradas en 2011. También indica que el déficit de las comunidades se situará en torno al 1,9 por ciento del PIB, sobrepasando el 1,5 por ciento acordado. Por tanto, el Gobierno Central deberá “demostrar su voluntad de forzar el cumplimiento de sus objetivos presupuestados”.