MEDIDAS PP
El Gobierno suprime el canon digital, pero aprueba la ley Sinde
Por Rafael García
2 min
España01-01-2012
El nuevo Gobierno del PP despide el año proponiendo nuevos paquetes de medidas para aumentar la economía española y paliar la crisis. Una de estas propuestas es la eliminación del canon digital, con lo que se espera un aumento de las ventas de productos tecnológicos y de almacenamiento de datos. Sin embargo, se ha aprobado la ley Sinde, propuesta por el anterior mandato socialista que defiende el cierre de muchas páginas web de descarga ilegal con el propósito de luchar contra la piratería.
El nuevo Gobierno, con Mariano Rajoy a la cabeza, ha comenzado a tomar decisiones para que el 2012 sea un año de crecimiento económico y finalice la crisis actual. De todas estas medidas, Rajoy y su equipo han decidido suprimir el llamado canon digital, que consistía en un incremento adicional del precio de todos los aparatos tecnológicos, en especial aquellos capaces de almacenar datos tales como memorias USB, discos duros, CD gravables e incluso ordenadores. Sin embargo, no es una eliminación total del mismo, ya que será sustituido por un sistema de compensación de copia privada con cargo a los Presupuesto. Esta norma fue propuesta por el anterior mandato del PSOE y que venía incluida en la llamada ley Sinde, dirigida por la ex ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Sin embargo, el Gobierno del PP ha decidido dar luz verde a la ley, ya que promueve una política antipiratería y defiende los derechos de autor y la propiedad intelectual. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, dijo que “sólo se va a actuar, y siempre, con la correspondiente protección judicial, frente a quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros. Sólo contra los que hacen negocio de esas descargas ilegales”. En este sentido, “España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería y cumple sus compromisos internacionales”, añadió la Vicepresidenta. Esta ley supone, a su vez, el posible cierre de páginas web ya que se actuará contra las páginas que tienen los contenidos ilegales, como las que distribuyen los enlaces a películas, discos, etc, porque dichos archivos están alojados en otros sitios de Internet de descarga fraudulenta. Según esta normativa se irá contra quien actúe con ánimo de lucro y contra quien sea susceptible de causar un daño patrimonial al titular de derechos de autor. La forma de actuación del Gobierno ante estas irregularidades puede ser de dos formas: cerrando la página, en el caso de que la página sea española, o censurando el acceso y su contenido si se trata de una página de ámbito internacional. Una vez que esta ley se apruebe, cualquier titular de derechos podrá denunciar una página web de cualquier tipo por alojar o enlazar contenido. El caso lo estudiará la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que en el supuesto de fallar a favor del denunciante pedirá a los dueños de la página el cierre de la misma en 24 horas, pero si estos se niegan un juez procederá, en un plazo de 72 horas, el cierre obligado.