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YAK-42

El general de Sanidad fue el principal imputado en las negligencias del Yak-42

Por Javier M. FandiñoTiempo de lectura3 min
España13-06-2010

La grave enfermedad que impidió el ingreso del general de Sanidad Vicente Navarro en prisión por identificar de forma “aleatoria” a 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yakovlev-42, pone fin a la vida del principal imputado en el caso. Junto a Navarro, fueron culpados dos hombres más. Siete años después de lo ocurrido, ninguno de ellos irá a la cárcel.

Tres semanas después del séptimo aniversario del accidente del Yakovlev-42, fallece su principal imputado, el general de Sanidad Vicente Navarro. La grave enfermedad que impidió el ingreso de Navarro en prisión por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo de Trebisonda (Turquía), puso fin a la vida del primer general condenado por la Audiencia Nacional en toda su historia. Junto a Navarro, fueron castigados con prisión dos personas más. Ninguna de ellas irá a la cárcel. Siete años después del accidente más grave del ejército español, todavía sigue habiendo muchas incógnitas por resolver. A pesar de que el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez con la cárcel por identificar de forma “aleatoria” 30 cadáveres de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, se ha conocido pocas semanas antes del fallecimiento de Navarro que ninguno de ellos ingresaría finalmente en prisión. Los magistrados de la Audiencia Nacional decidieron absolver el pasado mes de mayo al general Navarro de los tres años de prisión por padecer cáncer de pulmón, “una enfermedad incurable”, mientras que Sáez y Ramírez se han visto beneficiados por un informe de la Fiscalía, que pedía el indulto basándose en variables como la escasa pena impuesta –inferior a dos años-, la naturaleza del delito –falsear un documento oficial-, o la inexistencia de antecedentes penales. El caso de negligencia fue confirmado por el cuerpo forense de la Audiencia Nacional y el Instituto Nacional de Toxicología, que revelaron el pasado año tras la exhumación de 21 cadáveres en febrero de 2005 por orden de la juez Teresa Palacios que se habían encontrado hasta tres perfiles genéticos correspondientes a distintas personas en un mismo féretro. Tras el accidente, las autoridades turcas fueron las que comenzaron a identificar los cuerpos, pero al estar muchos de ellos irreconocibles, se tomaron muestras de ADN. Antes de que finalizase el proceso de reconocimiento, los cuerpos fueron repatriados a España para poder realizarse el funeral de Estado. Según detalló el propio Navarro en la primera sesión del juicio, él se limitó a cumplir las órdenes encomendadas por el que era entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, que le pidió recuperar y enviar a España los 62 cadáveres, “no traerlos identificados”. Del mismo modo, culpó de forma directa a las autoridades turcas de cometer errores en la entrega de cuerpos. El militar José Antonio Beltrán, coordinador de la operación de recuperación de los 62 cadáveres militares, tercer testigo en la segunda sesión del juicio, se mostró en consonancia con Navarro al asegurar que las órdenes de Trillo fueron única y exclusivamente “traer cuanto antes los cadáveres a España”. Asimismo, matizó que “todos los féretros tenían número, pero no tenían nombre” y que se llegó a firmar un documento elaborado por las autoridades turcas que señalaba que había cadáveres sin identificar. Por su parte, el cuerpo forense turco acusó a los médicos españoles de mentir y afirmó que los españoles sabían en todo momento que estaban firmando un documento “que señalaba que faltaban por reconocer 30 cadáveres”. Además, el médico turco sostuvo que Defensa intentó que Turquía asumiese los errores en las identificaciones. Grande Marlaska, instructor del caso en sustitución de Teresa Palacios, decidió citar a los ex-ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono. A pesar de las acusaciones, Federico Trillo aseguró que no tenía competencia ni en los vuelos ni en la contratación del Yak-42 y no fue imputado por falta de pruebas.