Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

Dos millones de funcionarios se quedarán sin cobrar los atrasos que les debe el Gobierno

Por Raquel GonzálezTiempo de lectura1 min
Economía27-02-2002

El Tribunal Supremo le ha dado la razón al Ejecutivo al anular la sentencia de la Audiencia Nacional que obligaba, al Gobierno del Partido Popular (PP), a hacer efectivo el pago de 3.000 millones de euros (medio billón de pesetas) a los funcionarios.

Los trabajadores del Estado vieron cómo su salario se congelaba en 1997, a pesar de que existía una cláusula de revisión del sueldo de los funcionarios durante los años 1995, 1996 y 1997. Los términos del contrato se cumplieron durante los dos primeros años, pero cuando en 1997 subió el PP al poder, se impuso la congelación salarial. El Gobierno consideró que ésta era la única salida para cumplir con la exigencia de Déficit Cero que reclamaban desde Europa. El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) protestó ante la Audiencia Nacional por lo que entendía como “la violación de un contrato laboral”. La Audiencia acabó dando la razón al sindicato, pero el Gobierno apeló al Supremo. Ahora el Supremo ha hablado y ha declarado nula la decisión que tomase la Audiencia Nacional. El organismo judicial ha considerado que la sentencia de la Audiencia ponía en entredicho la capacidad legisladora de las Cortes Generales, que fueron las que aprobando el Presupuesto del Estado, aprobaron también esa congelación salarial a dos millones de funcionarios. CC.OO. ha asegurado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por lo que consideran una “vulneración de tutela judicial efectiva”. Tanto Comisiones como la Unión General de Trabajadores (UGT) han asegurado que organizarán una gran movilización donde se plantean hasta una huelga general, para protestar por “tener la Administración con peor derecho colectivo de Europa y las mayores tasas de precariedad”. El Gobierno, por su parte, se ha mostrado satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo que ha calificado de “razonable y lógica”, según manifestó el vicepresidente primero, Mariano Rajoy.