ETA

El Gobierno pide calma y la izquierda ‘abertzale’, un cambio de actitud

Simpatizantes de Batasuna se manifestaron este verano en el País Vasco

Por Antonio Pérez4 min

España03-09-2006

El inicio del curso político comienza con un asunto espinoso sobre la mesa. El proceso de paz en el País Vasco debería seguir su curso, pero el verano, lejos de servir para tomar un respiro a los agentes implicados, ha conseguido enconar aún más el debate y las posiciones enfrentadas entre el Ejecutivo, ETA y el entorno de Batasuna.

El Gobierno se fue de vacaciones… Pero el proceso de pacificación en el País Vasco, no. Durante el periodo estival tanto ETA como Batasuna han ido exponiendo públicamente sus exigencias, además de denunciar la actitud del Gobierno y del PSOE. El método que han seguido se ha centrado en la convocatoria de manifestaciones (en las que ha mediado la decisión del juez Baltasar Garzón), además del uso de Gara, diario afín a los intereses nacionalistas, para hacer públicos sus comunicados. Tal y como se han venido desarrollando los hechos, todo apunta a que la exigencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de mantener un apagón informativo con el objetivo de que las negociaciones se llevaran a cabo en un clima exento de crispación, ha caído en saco roto. El entorno de la izquierda abertzale no ha dudado a la hora de mostrar públicamente sus desavenencias con la manera en la que el proceso se está llevando a cabo. No sólo ha seguido reivindicando su papel protagonista, sino que mantiene una actitud contraria a pasar por el aro de la Ley de Partidos, algo que desde el Ejecutivo han venido reiterando casi desde el anuncio de alto el fuego permanente. Ya el propio Zapatero advirtió desde Canarias, en su descanso estival, que el “único camino” para alcanzar la paz pasaba por “la legalidad y la democracia”, algo que desde Batasuna no se interpreta de la misma manera. La formación ilegalizada considera la Ley de Partidos “antidemocrática” y “anacrónica” porque, a juicio de sus integrantes, se creó con el objetivo de “dejar a un amplio sector social sin representación”. Por este motivo, exigen a La Moncloa que la desactive para poder seguir adelante con el proceso. El resto de peticiones de Batasuna también ha tenido su reflejo social durante el verano, con convocatorias en la calle en las que han venido las exigencias históricas de la izquierda abertzale. El día 13 de agosto, después de que la Justicia suspendiera una manifestación apoyada de forma expresa por Batasuna, tuvo lugar otra en San Sebastián que cumplió con los requisitos exigidos por el juez Baltasar Garzón. Entre ellos, el juez exigió que no hubiera símbolos del partido ilegalizado ni eslóganes que pudieran ser interpretados como apología del terrorismo. Poco después, un grupo de ciudadanos anónimos convocaron una manifestación por la autodeterminación de Euskadi, además de pedir la retirada de la bandera española del ayuntamiento bilbaíno coincidiendo por el Día Grande en Vizcaya. Además, los convocantes aprovecharon para criticar la labor del Gobierno, que, desde su punto de vista, ha aumentado las agresiones contra la izquierda abertzale en los últimos meses con el fin de “desdibujar el fondo y los objetivos del proceso”, que son “el reconocimiento de Euskal Herria como pueblo y sus derechos”. La marcha, que finalmente fue autorizada por la Audiencia Nacional, respetó los límites establecidos y estuvo secundada por miles de personas y contó con la presencia de destacados líderes de Batasuna como Joseba Permach, Pernando Barrena o Joseba Álvarez. Dos días después, el 27 de agosto, se celebró otra manifestación en la capital donostiarra y tenía como objetivo pedir libertad para los presos y la excarcelación del etarra De Juana Chaos. Exigencias inalterables Tras estas demostraciones, las reivindicaciones históricas del entorno de Batasuna se mantienen inalterables, al igual que sus exigencias. Las bases sociales que apoyan a la formación no parecen estar dispuestas a aceptar las reglas del juego democrático, algo en lo que se ha venido insistiendo desde el Ejecutivo. Por último, tanto desde ETA –por medio del diario Gara- como desde Batasuna se ha acusado al Gobierno y al PSOE de tratar de boicotear el proceso. A su juicio, el partido se guía por intereses partidistas y no con el objetivo de alcanzar una solución. De hecho, con las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo del próximo año, Batasuna considera impensable que su formación no se encuentre en las listas. Mientras tanto, el Gobierno ha actuado tratando de quitar hierro a la crisis denunciada por el entorno abertzale. Ante el comunicado de ETA, el PSOE respondió que la paz no tendrá ningún precio político y que la política corresponde a los partidos políticos. Coincidieron con el Gobierno vasco en que la banda terrorista no debe condicionar el debate político en Euskadi, pero el Partido Nacionalista Vasco no se quedó ahí y poco después, su líder, Josu Jon Imaz, pidió a los socialistas y a Batasuna que lleguen a un acuerdo para legalizar al partido liderado por Otegi, además del acercamiento de presos como un paso para seguir adelante con el proceso. Ante uno de los asuntos más importantes que tendrá Zapatero en su mesa para el curso político que comienza, no se puede escapar que las actuaciones del Ejecutivo tendrán consecuencias electorales a corto plazo. En mayo del próximo año tendrán lugar las elecciones municipales y autonómicas que, a pesar de que deberían interpretarse en clave de política local, también sirven como un medidor del nivel de aceptación de la política nacional y, sobre todo, de la fuerza con la que cuenta cada partido.