ONU

Naciones Unidas aprueba la Convención de Terrorismo Nuclear

Por Berta Pardal2 min

Internacional17-04-2005

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó, el pasado lunes, por consenso la Convención para la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear. Busca así prevenir que redes terroristas consigan y utilicen armas atómicas.

Un documento llama a los gobiernos a intercambiar la información, a apoyarse mutuamente en la lucha contra el terrorismo nuclear y les obliga a procesar o extraditar a las personas que posean dispositivos nucleares o materiales radiactivos. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en la última década han aumentado los incidentes relacionados con tráfico ilegal de material nuclear con 650 casos en 1993 y 1.000 en 2004. La ONU piensa que es hora de tomar medidas más drásticas. La Convención fue aprobada por los 191 miembros de la Asamblea después de siete años de negociaciones. Ahora, los estados que se integren en ella deberán promulgar leyes penales para castigar esos delitos y, si es necesario, adaptar su legislación nacional. Para que se convierta en ley internacional esta convención deberá ser ratificada por 22 países. Desde el próximo 14 de septiembre y hasta diciembre de 2006, el escrito estará disponible para la firma en Nueva York. El tratado fue introducido por Rusia en 1998, quería impedir que grupos terroristas se hicieran con bombas atómicas. Y fue el Gobierno ruso el que alertó a la Comunidad Internacional cuando no podía dar cuenta de una centena de armas nucleares. Además, en Naciones Unidas, el pasado jueves una acusación cayó sobre Cuba. La ONU exige un informe sobre la situación de las libertades fundamentales en la isla. Pero Cuba rechaza la votación democrática y critica el "patético papel jugado" por la Unión Europea en la moción promovida por Washington y dijo que México "negoció su voto a cambio de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA)". Fidel Castro expone que las mayores violaciones de los Derechos Humanos son la pobreza, la desigualdad social y la injusticia social que imperan en otras naciones. Aunque el documento no denuncia sino que recuerda las anteriores resoluciones y renueva el mandato del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que investigue sobre la situación en Cuba.