La UE acuerda impulsar las propuestas de la Agenda de Lisboa

Por Javier de la Fuente2 min

Economía25-03-2005

Los 25 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado, en la reunión de primavera del Consejo Europeo, relanzar las reformas económicas de la Agenda de Lisboa. El nuevo texto busca paliar la debilidad relativa de la Unión Europea (UE) en materia de crecimiento y empleo.

El primer ministro de Luxemburgo y presidente de turno del Consejo Europeo, Jean-Claude Junker, ha dado el visto bueno al acuerdo llegado por los 25 jefes de Estado de la UE para la revisión e impulso de los acuerdos económicos de la Agenda de Lisboa. La nueva agenda establece que cada estado miembro deberá adoptar un programa nacional de reforma a tres años vista tras consultar con los agentes sociales y con los órganos locales y regionales, y éste “será presentado a los parlamentos nacionales”, según explicó Junker. El próximo otoño es la época en que los programas de los estados miembros de la UE deberán ser presentados. Además, según ha aclarado Junker, también se pondrá en marcha en paralelo “un plan comunitario para promover las reformas a escala europea”. Asimismo, en el Consejo de la UE se ha acordado continuar con la tramitación de la conflictiva directiva para la liberalización de servicios, aunque con las revisiones oportunas para preservar “el modelo social europeo”, afirmó Junker. Por otro lado, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, destacó la coincidencia de los mandatarios con la posición que él mismo ha defendido desde el pasado mes de febrero. Entonces, Barroso se declaró dispuesto a “considerar una revisión de la norma, pero dentro del proceso legislativo en curso”. Como conclusión, Barroso ha destacado que, de los tres grandes retos económicos a que la UE se enfrenta este semestre (reforma del Pacto de Estabilidad, revisión de la Agenda de Lisboa y negociación del marco presupuestario que comprende desde el año 2007 hasta el año 2013), los dos primeros ya se han resuelto satisfactoriamente, lo que abre la vía para la resolución del tercero. A este respecto se ha referido también el vicepresidente y ministro de Economía del Gobierno español, Pedro Solbes, quien ha defendido la directiva y se ha mostrado contrario a una retirada del texto, aunque ha reconocido la necesidad de analizar si conviene aplicar la directiva con excepciones, en la medida en que afecte a cuestiones “enormemente sensibles” y relativas a los servicios de interés general.