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El Gobierno se niega a profundizar en las secuelas políticas

Por Rodrigo Marciel IbáñezTiempo de lectura1 min
Economía20-04-2002

El Ejecutivo de José María Aznar ha mantenido esta semana una postura contraria a hacer del caso BBVA un rodillo político que podría hacer convulsionar las más altas esferas del Gobierno. La oposición no cesa en su empeño y pide la creación de una Comisión de investigación.

“Quien transgrede las reglas, debe pagar las consecuencias”. Así de contundente se ha mostrado Aznar en una reciente entrevista al diario El Mundo. El presidente recuerda que las responsabilidades son individuales y que deben establecerse en los tribunales de justicia. Además, critica el “excesivo deseo” de los medios por regular incompatibilidades. La oposición, liderada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha establecido, durante toda la semana, una estrategia similar a la que ofreció en el caso Gescartera. El PSOE afirma que el supuesto fraude en las cuentas del BBVA está relacionado con dirigentes del Partido Popular (PP). El portavoz del partido de Ferraz, Jesús Caldera, declaró que el Gobierno “tiene mucho que ocultar en el caso”. El hombre que más aluvión de críticas ha recibido es el secretario de Estado de Hacienda, Rodríguez Ponga. La oposición ha pedido en numerosas ocasiones su dimisión, pero Ponga se ha negado tajantemente a dimitir y ha añadido que si tiene que declarar ante un juez lo hará “sin ningún problema”. Mientras tanto, en el debate semanal en el Congreso, PP y PSOE se enzarzaron en una continua discusión sobre el caso. El PP acusó al PSOE de “tener miedo” ahora que “comienza a aflorar la auténtica trama del PSOE” en este caso, en relación a informaciones periodísticas que lo han vinculado al caso Filesa.