ANÁLISIS DE LA SEMANA
Iglesia libre
Por Amalia Casado
2 min
España10-06-2002
La Conferencia Episcopal se pronunció el jueves sobre la pastoral de los obispos vascos hecha pública hacía una semana. La institución se encontraba en una cuerda floja y tuvo que hacer funambulismo diplomático para contentar a todos y no atacar a nadie. La crisis preocupa a la Iglesia y hay quienes convierten en noticia que todo el enredo puede afectar a sus ingresos económicos en plena campaña del Impuesto sobre la Renta. Pero, seguramente, el dinero sea lo que menos importe a la Iglesia Católica en estos momentos, y su principal preocupación sea la manera de no perder la confianza de los fieles que asisten desconcertados a la crisis abierta por la publicación de la pastoral de los obispos vascos. La condena al terrorismo, clara y explícita, se disolvía y pasaba a segundo plano con la lectura del texto completo. Los obispos vascos se declaraban contrarios a las posibles consecuencias negativas que pudiera conllevar la aprobación de la Ley de Partidos, sean cuales sean las relaciones entre Batasuna y ETA. Las reacciones dentro de la Iglesia, igual que en el conjunto de la sociedad, han sido variadas y dispares. La declaración de la Conferencia Episcopal se esperaba con curiosidad porque, en primer lugar, existe la creencia equivocada de que esta asociación tiene capacidad sancionadora sobre los obispos de la Iglesia Católica. Sin embargo, Monseñor Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal, no es el jefe de los obispos. Sólo el Papa ostenta tal categoría. En segundo lugar, podría haberse producido por parte de la Conferencia Episcopal un desmarque respecto a la pastoral de los obispos vascos, que finalmente no se hizo efectivo. El tema es complicado porque dentro de la Iglesia Católica existe más libertad de la que la mayoría de sus enemigos desearía, hasta el punto de que, incluso cuando se producen declaraciones potencialmente fuera de lugar como la pastoral, esa criticada “jerarquía” no puede entrar al trapo sin escrúpulos, destituir o sancionar como se haría en cualquier empresa. Y eso es lo que muchos, a los que ni les va ni les viene la Iglesia Católica, desearían por el simple hecho de tenerla como aliada en un asunto que tiene, en efecto, una vertiente claramente moral y otra eminentemente política y práctica. Esta última corresponde a los políticos: buscar soluciones a los problemas. La Iglesia debe limitarse a valorar la condición moral de situaciones, fenómenos o actuaciones para aquellos a quienes les pueda interesar. Hasta ahí, todos los obispos aparentemente “díscolos” –cuando se adentran en terrenos políticos que no les corresponde valorar- coinciden totalmente sin falla alguna: la condena al terrorismo y a la violencia. A los políticos corresponde cambiar las leyes tanto como sea necesario para resolver problemas como la inmigración, para garantizar la seguridad de los concejales vascos amenazados por el terrorismo o para dotar de los recursos necesarios al Centro Nacional de Inteligencia, heredero y sucesor del CESID. Aquí es así, y si no es así, no es aquí.
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Amalia Casado
Licenciada en CC. Políticas y Periodismo
Máster en Filosofía y Humanidades
Buscadora de #cosasbonitasquecambianelmundo