Amalia Casado.- Magistrados y fiscales del Tribunal Supremo argumentan que, "a primera vista", no se respetaron los mecanismos legales que la Ley de Extranjería contempla para la autodefensa de los inmigrantes que intentan cruzar la frontera y establecerse en España, y que "podría" darse una vulneración de los "derechos constitucionales", que no de la Constitución.

Sin embargo, el Delegado del Gobierno para Inmigración, Enrique Fernández Miranda, y el ministro de Exteriores, Josep Piqué, defendieron que la Ley había sido respetada "escrupulosamente". Los partidos de la oposición piden la comparecencia en el Congreso del ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, y CiU propone la creación de una fiscalía de inmigración para evitar la proliferación de mafias.

CONFLICTO LEGAL

El juego anda entre dos artículos de la Ley de Extranjería vigente: el artículo 20 y el 54.2.b. El primero establece el derecho de los inmigrantes a la asistencia letrada o a la tutela judicial en distintos casos, uno de ellos, cuando les sea denegada la entrada o impuesta la expulsión del territorio español. El segundo artículo contempla la posibilidad de expulsar a un extranjero sin necesidad trámite legal previo, entre otros particulares, cuando "pretendan entrar ilegalmente en el país" y estén cruzando la frontera.
Algunos magistrados y fiscales del Tribunal Supremo, como José Antonio Martín Pallín, Cándido Conde-Pumpido y Juan José Martín Casallo expusieron que "este no era el caso" y que "lo lógico es que estas personas hubieran tenido la posibilidad de asistencia letrada o de ejercitar algún mecanismo legal" y que la actual Ley "no contempla como causa de expulsión el mero hecho de estar en situación ilegal" en España, siendo necesarias condiciones adicionales, como la alteración del orden.
Al contrario, Enrique Fernández Miranda argumentó el escrupuloso respeto a la Ley de Extranjería porque "se les aplicó el artículo 54.2 de la ley de Extranjería en el que se dice que no será preciso que se incoe un expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros que son detenidos cuando quieren entrar ilegalmente en España". El Delegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, reforzó esta tesis asegurando que en muchas ocasiones a los inmigrantes ilegales "se les coge tierra adentro" y que, en este caso, "algunos llevaban las ropas mojadas con agua salada, acababan de entrar en el país". Rubio se mostró favorable a una reforma de la Ley de Extranjería porque, según dijo, ahora "es más fácil entrar en España ilegalmente que hacerlo de manera legal".

LA OPOSICION PIDE LA COMPARECENCIA DE MAYOR OREJA

Ramón Jaúregui, portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso, así como Izquierda Unida, han solicitado la comparecencia de ministro de Interior, Mayor Oreja, para explicar un acto que consideran "fuera de la legalidad", valoración que el ministro de Exteriores, Josep Piqué, observó "fuera de tono" al poner en cuestión "a estas alturas" que "España se comporta de acuerdo con los principios de un Estado de Derecho".
José María Aznar, por otra parte, no respondió a la propuesta formulada en el Congreso por el grupo de CiU, que sugirió la creación de una "Fiscalía especializada en cuestiones migratorias" y la actuación "contundente" contra la explotación laboral de los inmigrantes "sin la que las mafias no podrían actuar". Aznar, no obstante, comunicó a los diputados que el Gobierno presentará una iniciativa completa para desarrollar la política de Justicia y Seguridad común de la Unión durante la presidencia francesa de la Unión Europea, entre julio y diciembre de este año.
[22-6-2000]