Amalia Casado.- El Gobierno pretendía distinguir la situación de los inmigrantes legales de los ilegales o sin papeles, reducir la actuación de las mafias que se lucran de la actual Ley de Extranjería –la Ley 4/2000-, y acabar con la llegada incontrolada de inmigrantes a las costas españolas. El proyecto que propone para reformar la vigente Ley de Extranjería ha eliminado algunos derechos que se les reconoce en la actual Ley a los ilegales.

A los legales les ha restringido la libertad de circulación ya que el borrador señala que éste se podrá limitar "por razones de seguridad pública". El debate está en si es éticamente aceptable restringir derechos a los inmigrantes en aras de un mayor control del flujo migratorio por parte de la Administración. La vigente Ley, que entró en vigor en enero del presente año, equiparaba los derechos de todos los inmigrantes, sin distinguir entre el inmigrante legal -aquel que tiene en regla sus permisos y documentos- y el ilegal . El problema es la desmotivación que puede crear en aquellos que cuidan de tener en orden la documentación si los que no lo hacen acaban teniendo las mismas posibilidades. Como consecuencia, podría desalentarse la regularización e incentivarse la inmigración irregular.

Para obtener su permiso de residencia, un inmigrante debe acreditar estar trabajando, y para ello es necesario que el empresario que lo contrata lo dé de alta. Ese alta es uno de esos papeles que acreditan la legalidad del inmigrante. Si se equiparan los derechos de los legales y los ilegales, argumenta el Gobierno, el extranjero sentirá que no gana nada con su alta laboral, y se fomentaría la explotación por parte del empresario, así como el abuso de las mafias que abusan de las actual legislación para enriquecerse vendiendo sueños a cambio de los ahorros de cientos de vidas.

PROBLEMAS DE LOS 'SIN PAPELES'

El borrador sólo reconoce los derechos de asociación, reunión, sindicación y huelga a los inmigrantes en situación legal. Sólo éstos podrán acceder a puestos de trabajo en la Administración y sólo ellos podrán recibir ayudas para adquirir una vivienda. Los legales tendrán derecho a la sanidad pública cualquiera que sea su edad, pero los ilegales sólo hasta los 18 años. A la enseñanza no obligatoria sólo tendrán derecho los residentes legales. Los ilegales sólo tendrán derecho a la educación pública hasta los 18 años, pero no más.

Podrán participar en las elecciones municipales sólo los residentes legales y sólo si en el país de que proceden pueden hacerlo los españoles. Los ilegales y los que no tengan derecho a votar no podrán, como establece la ley vigente, elegir a sus representantes para participar en las decisiones municipales que les afecten. No obstante, sí podrán ser oídos. Los legales que no posean medios económicos tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita, pero aquellos ilegales retenidos en la frontera se le suprime dicho derecho que en la ley vigente sí se les reconoce.

LA GRAN DIFERENCIA

Dos de los cambios más importantes hacen referencia a los requisitos para obtener el permiso de residencia temporal. La actual ley permite obtener dicho permiso si se está empadronado y se acredita llevar dos años viviendo en España. La reforma eleva los dos años a cinco –se dificulta la obtención del permiso de residencia- pero la Administración también podrá concederlo a quienes lo tuvieron y no pudieron renovarlo, así como por motivos humanitarios y circunstancias excepcionales.

Se endurece, eso sí, el motivo para ser expulsado. Si se está en situación irregular por no tener el permiso, por estar caducado más de tres meses, o si se trabaja sin la correspondiente autorización, la sanción podrá ser la expulsión y no una multa, como establece la actual ley. Además, si un inmigrante facilita la inmigración clandestina, si realiza actividades ilegales o si está trabajando sin el permiso requerido, el borrador de la reforma contempla un procedimiento de expulsión que concede al inmigrante 48 horas para efectuar sus alegaciones. De no ser aceptadas, la expulsión se haría efectiva de inmediato.

ANZAR PROMETIÓ CONSENSO

Una de las promesas del presidente Aznar en su discurso de investidura fue la creación de una Delegación para la Inmigración. Al frente de ella se ha situado a Enrique Fernández-Miranda. Pero las competencias referentes a inmigración, durante la anterior legislatura bajo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –cuya cabeza fue Manuel Pimentel hasta que dimitió y fue sustituído por Juan Carlos Aparicio- han pasado al Ministerio de Interior, encargado del orden público y de la seguridad dentro de las fronteras.

La inmigración, pues, deja de ser una cuestión social para ser un problema de orden público. Manuel Pimentel, en una entrevista reciente, consideraba que esa postura es una de las muchas formas de entender la inmigración. Para él, la Delegación de Inmigración debió supeditarse al Ministerio de la Presidencia y, en cualquier caso, contemplar el fenómeno no como un problema, sino como una realidad que "depende de cómo se aborde, será un problema o una fuente de riqueza y de bienestar para todos".