Mª Jesús Torres.- El Consejo de Ministros aprobará, el próximo 30 de junio, el anteproyecto de ley en el que propone la expulsión inmediata de los inmigrantes sin papeles. Asimismo establece un plazo de cinco años de estancia en España para la concesión del permiso de residencia permanente y distingue entre inmigrantes ilegales y legales, que gozarán de distintos derechos fundamentales y sociales, equiparables pero no iguales a los españoles.

La nueva normativa, mucho más dura que la vigente, entrará en vigor el 1 de enero del 2001. El debate parlamentario comenzará en septiembre pero sólo Convergència i Unió y Coalición Canaria -los dos socios del PP en el Gobierno- garantizan de entrada su apoyo a la reforma. Los socialistas (PSOE), Izquierda Unida (IU), sindicatos, organizaciones sociales y otras formaciones políticas consideran la reforma de "regresiva" y la rechazan por abrir las puertas a la "explotación" laboral de los inmigrantes. Pese a todo, el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, insistió en la intención dialogante del Ejecutivo. El borrador que ha elaborado Interior supone un giro radical en la filosofía de la ley que lleva sólo cinco meses vigente. El anteproyecto limita los derechos políticos y sociales a los inmigrantes, exige cinco años - actualmente dos- de permanencia en España para obtener el permiso de residencia y permite a las autoridades denegar el visado sin resolución motivada.
Una de las modificaciones más importante es la creación de un procedimiento de urgencia para expulsar en el plazo de 48 horas a los inmigrantes sin papeles o a los que hayan cometido faltas graves. Otro de los aspectos que ha despertado fuertes críticas es el referido a los derechos de los inmigrantes con residencia. Estos serán "comparables" a los de los españoles, pero nunca idénticos. La igualdad de condiciones con los españoles sólo se reconoce "como criterio interpretativo general" en el ejercicio de los derechos.
Las críticas de PSOE e IU han sido muy duras. El primero considera el proyecto impropio de un país democrático e IU dice que casi lleva a la "esclavitud". Sindicatos, Nueva Izquierda -integrada en el Grupo Socialista- y la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
[16-6-2000]