Alberto Escalante.- El juicio por el secuestro, tortura y asesinato de los supuestos miembros de ETA Lasa y Zabala comenzó la semana pasada con el testimonio del capitán de la Guardia Civil Lorenzo Bárez y el comandante del CESID Fernando Rojas, quienes desmintieron las palabras del testigo protegido 1964-S. Éste había declarado que espió a Rojas por encargo de Bárez y que el capitán de la Benemérita le había contado que agentes de Intxaurrondo habían secuestrado a dos etarras.

El teniente del CESID Pedro Gómez Nieto fue el siguiente en pasar por el banquillo -disfrazado con una peluca- para no reconocer su letra en la transcripción de una conversación suya con el general Rodríguez Galindo y con el ex coronel Juan Alberto Perote. “Yo no conozco a nadie implicado en los GAL” afirmó Gómez Nieto, quien formaba agentes de la Guardia Civil en Guipúzcoa entre 1983 y 1984 y quien ha estado tres meses en prisión por este caso. El día del secuestro estaba en Andalucía, “a 1.000 kilómetros” del lugar de los hechos, declaró.
Las explicaciones que dieron el general Rodríguez Galindo y el ex gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, las confirmó el que era comandante de la Unidad de Servicios Especiales (USE), Cándido Acedo, quien afirmó que la noche del secuestro estuvo con ambos en Oñate, donde se había producido un atentado de ETA. Acedo negó que Galindo recibiera una llamada en el coche de vuelta a San Sebastián comunicándole la pesca de “dos peces medianos”.
Llegado el turno de declaración de los generales Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón, antiguo y actual jefe del CESID respectivamente, éstos no se atrevieron a garantizar la verosimilitud de los famosos papeles del CESID que sustrajo en 1991 Juan Alberto Perote. Según los testigos, pudieron ser manipulados por Perote.
Por último, el ex jefe de la Asesoría Jurídica de Defensa, el general José Bruno Otero, defendió la legalidad de las pensiones que reciben los presuntos autores materiales de los hechos, Enrique Dorado y Felipe Bayo. El Tribunal Militar determinó que padecen lesiones psíquicas como consecuencia de participar en la lucha contra ETA y que deben cobrar esta pensión sin importar su posterior expulsión de la Guardia Civil y de su pérdida de la condición de militares.
[11-2-2000]