Nacional  La Semana que vivimos - Del 8 al 14 de febrero de 1999 - Número 101  

Doble golpe a la banda terrorista ETA

Alberto Escalante.- Las Fuerzas de Seguridad españolas y francesas han demostrado que no están en tregua con ETA. La policía francesa, en colaboración con la Guardia Civil, detuvo la semana pasada a José Javier Arizkuren, Kantauri, jefe de los comandos ilegales de ETA y junto a él a cinco de sus colaboradores, primero. Y pocas horas después, le llegó el turno al Comando Donosti, desarticulado en San Sebastián por la policía española con las detenciones de Sergio Polo, Kepa Etxeberría y otros siete colaboradores de apoyo.


La policía francesa detuvo a los terroristas en un hotel de París

En el historial de Kantauri se encuentra el intento de atentado contra el Rey en Mallorca y la acción con coche bomba contra el presidente del Gobierno, José María Aznar. Se cree también que fue el autor del atentado en el que quedó mutilada Irene Villa y el que ordenó el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Era pues uno de los integrantes del núcleo duro de ETA y de los más opuestos al alto el fuego. Kantauri fue localizado por la policía hace dos años, pero se decidió hacer un seguimiento de sus movimientos para localizar a más miembros de ETA. La decisión policial se vio recompensada con las desarticulaciones de los comandos Araba y Andalucía, así como diversos grupos satélites. Kantauri también sirvió para localizar el zulo de José Antonio Ortega Lara en 1997.
Kantauri se citó el pasado lunes 8 en una cafetería del hotel Pritania de París con otros etarras: su presunto lugarteniente, Jesús María Puy Lekumberri; Irantzu Gallastegi Sodupe y Mikel Zubimendi Berastegi. Gallastegui podría estar implicada en los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica. La Guardia Civil y su homóloga francesa esperaron a que amaneciera para asaltar el hotel y detener a los asistentes a la reunión, que apenas opusieron resistencia. Poco después, eran detenidos en un piso de la capital francesa otros dos miembros de ETA, José Ignacio Herran Bilbao y Jon Mirena San Pedro Blanco. Según el ministro del Interior, Herran era responsable de la infraestructura etarra en París, en la que también se encuadra a San Pedro. Esa misma noche, la policía detenía a Mikel Egibar, quien fue representante de HB en Francia y que está acusado de colaborar con ETA.
Catorce horas más tarde, otra operación policial detenía a Sergio Polo y Kepa Etxeberría, integrantes del Comando Donosti, cuando intentaban huir a Francia a través de Hendaya. A continuación, la operación policial se extendió a otras localidades de Guipúzcoa. En Rentería, fueron detenidos, pasadas las cinco de la madrugada, Egoitz Gurrutxaga Gogorza, de 24 años; Gorka Lazkano Murua, de 22 años; Leire Pikabea Almandoz, de 23 años; y Luis Miguel Rufo Astinza, de 31 años. En San Sebastián, fue detenido Garikoitz Pascual Muneta, de 20 años. José Cándido Sagarzazu Gómez, de 23 años, fue arrestado en Itsasondo, y Gotzon Aranburu Sudupe, de 23 años, en Hernani, con lo que el Comando Donosti, uno de los más activos de ETA, quedaba desarticulado.
En los registros efectuados tras las detenciones se encontró documentación de los próximos objetivos de la banda, entre los que destacan jueces de San Sebastián y cargos públicos del PP y del PSOE. También se localizó un arsenal con 370 kilos de material para la fabricación de explosivos en un piso cercano a Hendaya. Como consecuencia de las detenciones, la lucha callejera de Jarrai se intensificó a lo largo de la semana. Además, una edil del Partido Popular, cuyo marido fue asesinado por ETA, recibió un libro bomba. Afortunadamente, la Ertzaintza lo desactivó antes de que explotara y causara la tragedia.

Las primeras detenciones tras la tregua
provocan reacciones dispares en Euskadi

Juan Emilio Maíllo.- La colaboración sigue siendo estrecha entre las Fuerzas de Seguridad de Francia y de España. De ello se desprenden las detenciones de activistas etarras a ambos lados de los Pirineos la pasada semana. Pero la detención de los terroristas no ha sido calificada del mismo modo por parte de las diferentes fuerzas políticas. El presidente del Gobierno, José María Aznar, elogió la ayuda prestada por la policía francesa. Aznar asegura que se siguen manteniendo "todos los elementos que ha puesto encima de la mesa para conseguir la consolidación de la paz". El presidente no quiso responder a las críticas vertidas por los nacionalistas vascos a las detenciones, y se limitó a señalar que "el proceso de paz se construye con el respeto de todos a la legalidad y, sobre todo, con la voluntad de hacer la paz".
Los firmantes del Pacto de Lizarra no se pusieron de acuerdo a la hora de valorar las detenciones efectuadas por las policías francesa y española. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Joseba Egibar, indicaba que con la actuación policial el proceso de paz "no queda herido", y deseaba que estas detenciones no fueran consideradas por parte del entorno de ETA como "una provocación". Pese a estas palabras, Egibar cree que con estas actuaciones no se favorece el proceso de paz. Sobre esta idea insistía con más dureza el dirigente de Herri Batasuna (HB), Arnaldo Otegi, quien los consideraba una "estrategia de guerra de los Estados español y francés contra Euskal Herria, como única alternativa". Para Otegi, las detenciones de la policía pueden "dinamitar el proceso" de paz. Para evitar los continuos "sabotajes" de Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Otegi afirmó que "es necesario blindar el proceso de paz y la nueva etapa iniciada en el País Vasco con la declaración de Lizarra".
El PSOE y el Gobierno del PP mantienen una postura común ante los éxitos que se cosechan en materia antiterrorista. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, insistió en que "hay que desterrar el miedo a las amenazas del entorno de ETA por el cumplimiento de la ley". Según el ministro, "el miedo es el principal enemigo del proceso de paz". La Ejecutiva Federal del PSOE manifestó que "estas actuaciones policiales no retrasan ni alejan la paz, sino que la aproximan y la hacen más verosímil". Para el PSOE, los arrestos "no pueden merecer sino aprobación y aplauso".
Durante el fin de semana, las juventudes de Jarrai sembraron el terror por las calles de Euskadi. En ciudades como Rentería, Durango, San Sebastián o Bermeo se sucedieron la quema de empresas, las amenazas a concejales del PP (con libro-bomba incluido) y diferentes altercados que han llevado al ministro para las Administraciones Públicas, Ángel Acebes, a afirmar que estos hechos "demuestran que en el País Vasco aún no existe la paz". Por su parte, el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Josep Borrell, indicaba que los violentos "no matan pero no dejan vivir".
[del 8 al 10 de marzo de 1999]


El ex jefe de investigación de Egin,
encarcelado por orden de Garzón

Roger Torelló Esteban.- El que fuera jefe del equipo de investigación del desaparecido diario Egin, Pepe Rei, fue detenido el pasado lunes 8 por orden del juez Garzón, quien dio el visto bueno a esta medida por considerar que Rei cometió un delito de colaboración con banda armada al manejar datos en su ordenador que posteriormente servirían como objetivos de ETA. La resolución judicial se produjo pocas horas después de que fuera detenida en Bilbao Begoña Pérez Capape, una redactora del equipo de investigación del mismo diario, quien está procesada en este mismo sumario por los delitos de colaboración con banda armada y/o allegamiento de fondos a la organización terrorista.
Tras ser detenido, Rei ingresó en la prisión de Alcalá-Meco y contestó allí a todas las preguntas que le fueron formuladas, tanto por el juez como por el fiscal Enrique Molina, y según fuentes de la Audiencia Nacional, fue muy minucioso a la hora de dar detalles. Sin embargo, sus argumentos no convencieron ni al magistrado instructor del caso Egin ni al representante del ministerio público. Éste último condicionó su petición de prisión incondicional a unos informes remitidos horas más tarde por la Unidad Central de Investigación de la Policía al juzgado, que demostraban que Rei era la única persona que podía acceder a unos documentos grabados en el disco duro de su ordenador, que fue incautado por la Policía.
El auto de prisión dictado por Garzón señala que la condición de periodista de Pepe Rei no le ampara para elaborar informaciones a una organización terrorista ya que traiciona a su profesión "al integrar su trabajo de información en una estructura delictiva a cuyos miembros facilita constante información y de quienes la reciben cumpliendo sus instrucciones para comprobarla y remitirla".
[8-3-1999]


España logra un preacuerdo favorable a nuestra agricultura

Alberto Escalante.- Los ministros de agricultura de la Unión Europea lograron, después de tres semanas de dura negociación, un acuerdo para la reforma agraria que estará en vigor hasta el año 2006. En realidad, se trata de un preacuerdo que deberá ser refrendado en la Cumbre de Jefes de Gobierno de la UE que se celebrará en Berlín los días 24 y 25 de marzo. Esta reforma es la más importante desde que se firmó la Política Agraria Común (PAC) en los años sesenta. En caso de ser aprobada, la reforma costará a la UE 314.000 millones de euros, más de 52 billones de pesetas.
Con esta reforma, España obtiene un incremento de 550.000 toneladas en la cuota láctea, un aumento del rendimiento de los cereales hasta casi 3.000 kilos por hectárea y el doble de ayudas al vacuno. Lo más negativo para nuestros intereses es la reducción de las ayudas para el girasol. La ministra española de Agricultura, Loyola de Palacio, se mostraba contenta a su regreso a España porque "se reparan las injusticias y discriminaciones que ha sufrido España desde 1986 y desde la reforma del 92 en los sectores lácteos, cárnico de vacuno y de cereales de grandes cultivos". Sin embargo, la felicidad de la ministra se truncó cuando el gobierno francés anunció que votará en contra de la reforma en la cumbre berlinesa. En la reunión de los ministros de agricultura, tan solo Portugal emitió un voto contrario al acuerdo, aunque Francia y Alemania se mostraron bastante descontentos. Habrá que esperar unos días para conocer si finalmente sale adelante este preacuerdo favorable a España.
[11-3-1999]


El IPC vuelve a subir en febrero un 0,1%

Juan Emilio Maíllo.- Con la subida del 0,1% en el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el pasado mes de febrero, la inflación interanual se ha situado en el 1,8%, cifra prevista por el Gobierno para final de año. La cifra en febrero del IPC se considera normal por parte de los responsables del Ministerio de Economía, que esperan que pueda haber repuntes hasta el mes de mayo. Pese a todo, confían en que la inflación no supere en ningún momento la tasa del 2%.
En el mismo mes del año pasado el IPC descendió un 0,2%, por este motivo hay que buscar las causas de la subida de este año que se pueden encontrar en el incremento del precio del aceite (7%), del pollo (6,4%) y del sector servicios (0,3%). Los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística señalan también bajó el precio de los alimentos frescos (1,1%), de los carburantes y combustibles (1%) y de los productos energéticos, incluida la electricidad (0,7%). Por Comunidades Autónomas, las más inflacionistas han sido Canarias (0,4%), Andalucía (0,2%) y Galicia (0,2%). Mientras que los mayores descensos se produjeron en Madrid, Aragón, Ceuta y Melilla, donde los precios bajaron un 0,2%.
[9-3-1999]


Sancristobal, Amedo y Masa encarcelados por el caso Brouard

Alberto Escalante.- El ex director de Seguridad del Estado, Julian Sancristobal, el ex comisario de policía, José Amedo, y el ex teniente coronel de la Guardia Civil, Rafael Masa, deben ingresar en la cárcel sin fianza por su participación en el asesinato de Santiago Brouard en 1984, cuando éste era dirigente de Herri Batasuna. Así lo ha decidido José Luis González Armengol, juez de Bilbao, al considerar que Sancristobal financió la operación, Amedo la organizó y Masa asistió a una reunión en la que se planificó la huida de Luis Morcillo, coautor material de los disparos. Julián Sancristobal declaró ante el juez que se trataba de una trama urdida para que Vera y Barrionuevo se vengasen de él por haberles implicado en el caso Segundo Marey.
El 20 de noviembre de 1984, dos pistoleros entraron en la consulta de pediatría que atendía Brouard y le dispararon a quemarropa. Desde entonces, el caso ha carecido de luz. El entorno de HB, cercano al asesinado, atribuyó de inmediato la acción a las Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, al GAL. Por el contrario, desde los círculos policiales se hablaba de un extraño ajuste de cuentas de ETA. El caso ha pasado por las manos de varios jueces en estos años. Hasta 1985, no se logró averiguar algo relevante en la investigación. Fue la declaración de Miguel Ángel López Ocaña ante el juez Carlos Bueren, la que llevó hasta la detención en 1995 de su hermano, Rafael López Ocaña como asesino de Brouard.
Otro de los implicados en el caso era Luis Morcillo, pero su huida de España había cerrado en falso el sumario. En julio de 1997, fue detenido por tráfico de drogas y se volvió a investigar su implicación en el caso. El miércoles pasado, el juez González Armengol decidió encarcelarle acusado de "asesinar en unión de otra persona" al dirigente vasco. En ese mismo auto, se implicaba a Sancristobal, Masa y Amedo que deberán entrar en prisión.
[10-3-1999]


La Fiscalía y Manglano dudan de la imparcialidad de los magistrados

José Antonio López Durio.- En teoría, el pasado martes comenzaba en la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Madrid la vista oral a siete miembros del CESID, entre ellos su ex director general Emilio Alonso Manglano y el ex coronel Juan Alberto Perote, acusados de intervenir ilegalmente conversaciones telefónicas de diversas personalidades entre 1984 y 1991. Los acusados se enfrentan a peticiones de pena que oscilan entre cinco meses de arresto y cuatro de prisión. Este escándalo de "escuchas ilegales" se conoció en junio de 1995 y provocó una crisis de envergadura en el Gobierno de Felipe González, ya que dimitieron el vicepresidente Serra y el ministro de defensa García Vargas.
El juicio comenzó el miércoles, cuando el ex director general del CESID planteó dos recusaciones, enero 1998 y febrero 1999, contra los magistrados por no considerarlos imparciales, la primera fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia, y la segunda no fue admitida a trámite. Ante estos hechos, la Sala reprochó a Manglano su intención de paralizar el curso de la causa. Luis Rodríguez Ramos, abogado de Alonso Manglano, insistió en que si los magistrados de la Sección Quince juzgan los hechos se vulnerará el derecho del ex director del CESID a un procedimiento con todas las garantías, incluída la no arbitrariedad de los jueces. Además, el abogado explicó a la Sala que nunca ha pretendido paralizar la celebración del juicio.
Nada más comenzar la sesión del pasado miércoles, la Fiscalía solicitó a la Sala que declarase nulas sus últimas resoluciones - inadmitir el incidente de recusación formulado por Alonso Manglano y la posterior confirmación de este criterio - y, en una decisión absolutamente inusualo por parte del Ministerio Público, recusó formal y públicamente a los tres magistardos que componen el Tribunal. Por su parte, la Sala insiste en juzgar el caso, y se declara competente para ello. De esta forma, la vista oral continua este martes con un asunto en el que los mayores implicados, Manglano y Perote, se contradicen. El primero, declaró en junio de 1995 que las escuchas eran aleatorias y que el criterio de selección para su almacenamiento y borrado era de Perote, y que las cintas publicadas debieron destruirse. El segundo, dijo un año después que el CESID disponía de medios para realizar escuchas no aleatorias, además de negar intervenciones ilegales y el robo de las cintas.
[10-3-1999]