Vera y Barrionuevo dieron gracias al Gobierno por el indulto
Alberto Escalante.- Los condenados por el "Caso Marey", excepto Amedo y Domínguez, recibieron el pasado miércoles 23 la buena nueva que esperaban desde que ingresaron en prisión hace cien días. El Gobierno decidió en su Consejo de Ministros antes de Nochebuena hacer caso a la recomendación del Tribunal Supremo de concederles un indulto parcial. Esto supone una reducción de la pena en dos terceras partes. Precisamente, esa disminución fue una de las razones esgrimidas por el Ministerio de Interior para concederles el tercer grado restringido inmediatamente después.
De esta forma, Rafael Vera y José Barrionuevo pasaron la Navidad en su domicilio con un permiso de fin de semana. Ambos a su salida del penal alcarreño leyeron un comunicado en el que agradecieron "al Gobierno su decisión de seguir el criterio marcado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo". "No sentimos ningún rencor, pero eso no quiere decir que olvidemos lo pasado - añadían - hemos sido condenados sin pruebas por algo que no hemos hecho". Los dos ex altos cargos de Interior no se olvidaron de que se trata de un indulto parcial y no total: "se ha tomado la clasificación más restrictiva y estricta de las posibles, por lo que ejercitaremos las acciones que consideremos oportunas", anunciaron. En esa misma línea, intervino el portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien declaró que "el Gobierno tenía dos opciones: el indulto parcial y el total como nosotros queríamos; no nos ha hecho caso en nuestras reclamaciones y ha hecho el mínimo esfuerzo".
Ahora, los abogados de Vera y Barrionuevo intentan que sus clientes no vuelvan a prisión hasta que se resuelvan los recursos de amparo que han presentado. Esto se les denegó debido a los diez años de condena que tenían cada uno, ya que sólo se concede la suspensión a aquellos presos con penas inferiores a cinco años. Por eso, ahora que sus condenas se reducen a tres años y cuatro meses, los abogados socialistas vuelven a intentarlo. [23-12-1998]
Alberto Escalante.- El Rey Juan Carlos I inició su discurso navideño con una reflexión sobre el vigésimo aniversario de la Constitución y el debate abierto en torno a su posible modificación. Su Majestad afirmó que en ella "se ensancha el marco amplísimo de libertades de que disfrutan los ciudadanos y se afirma una articulación autonómica del Estado que reconoce y protege la pluralidad y diversidad de nuestra sociedad".
Don Juan Carlos se refirió a la administración de Justicia de la que dijo que debe responder "con independencia, rigor y eficacia a la confianza, el respeto y el apoyo que debe recibir de toda la sociedad española". En su comentario sobre la marcha de la economía española, el Rey resaltó la entrada en el Euro. "Es la primera vez que España es partícipe y protagonista, desde su origen, en un proceso de trascendental importancia para nuestro continente", afirmó. "Este esfuerzo no tendría sentido si alcanzar los objetivos de la moneda única europea no aportara a España nuevas oportunidades de progreso social y económico".
A continuación, el Monarca pasó a analizar el alto el fuego de ETA. En su discurso, declaró que "paz, concordia y esperanza tienen en estas fechas un significado especial. El cese anunciado de las acciones terroristas [...] renueva y fortalece este anhelo profundo que sentimos y estimulamos". "La larga experiencia de dolor que hemos compartido nos lleva hoy a sentirnos especialmente próximos a quienes han padecido la radical injusticia de una violencia que tiene que renunciar definitivamente a ocupar espacio alguno en nuestra sociedad".
Asimismo, Don Juan Carlos I también se acordó en su discurso de las mujeres maltratadas, del paro, de la educación. En los temas internacionales, el Rey tuvo menciones para el centenario del 98, para Iberoamérica y para el proceso de paz en Oriente Medio. [24-12-1998]
Juan Emilio Maíllo.- La banda terrorista ETA realizó el pasado lunes 21 su tercer comunicado desde que el 16 de septiembre anunciara el cese indefinido de la violencia. El texto, que se hizo público tres días después de la tercera declaración oficial de José María Aznar sobre el alto el fuego, insiste en que el Gobierno central debe reconocer la soberanía de Euskadi y respetar las decisiones que sobre el tema tomen los ciudadanos vascos. El comunicado señala, pese a lo manifestado por el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, en sentido contrario, que "en los últimos meses se está tratando de desviar el proceso de paz desde Madrid con declaraciones, mensajes y presuntas negociaciones, dando a entender que hay una negociación secreta. Pero la verdad es otra, pues no la hay. La imagen que se quiere proyectar es falsa. Hasta ahora no ha habido contacto directo entre ETA y el Gobierno de España, a pesar de que ETA se ha mostrado desde hace tiempo dispuesta a abrir esas conversaciones".
La reacción del Ejecutivo que preside José María Aznar pasó del optimismo inicial a la cautela tras el análisis reflexivo. Josep Piqué recordó las palabras del presidente en las que decía que "se constataba una evolución que permitía la esperanza de conseguir la paz". "El comunicado confirma el diagnóstico del Gobierno" señaló Piqué a la salida del Consejo de Ministros del miércoles. Pero el tono de sus palabras cambió el sábado cuando el Ejecutivo reparó en el "giro preocupante" en las intenciones de la banda que denotaba el comunicado de ETA. Si en sus comunicados de septiembre y noviembre ETA cedía a los partidos nacionalistas vascos el peso de la negociación política, en el texto del pasado lunes los terroristas solicitaban negociar directamente con el Gobierno. El Ejecutivo cree que este hecho puede evidenciar las diferencias entre la cúpula de ETA y la nueva dirección de Euskal Herritarrok. Pese a este aspecto negativo, el Gobierno estima que ETA mantendrá la tregua hasta las elecciones municipales del 13 de junio, y que entonces será cuando los terroristas harán balance de los nueve meses de tregua.
Por su parte, HB confirmó la semana pasada que "ha mantenido comunicación con representantes del Gobierno español". El portavoz de la Mesa Nacional de HB, Arnaldo Otegi, fue el encargado de leer el comunicado en el que manifestaba la intención de la coalición de "profundizar con seriedad y responsabilidad" en el diálogo iniciado con el Gobierno, aunque recalcó que "su carácter [del diálogo] sea el de marco de reflexión política en torno a las raíces del conflicto y sus claves de resolución". El documento de HB invita al Gobierno a "superar en claves democráticas el conflicto, respetando definitivamente el derecho a que los y las habitantes de Euskal Herria puedan decidir libremente su futuro". [21-12-1998]
Carmen Díaz Lázaro.- Los máximos dirigentes del PNV y EA - Javier Arzalluz y Carlos Garaicoetxea - firmaron el pasado sábado 26 el pacto para la formación del nuevo gobierno vasco. La investidura del nuevo Lehendakari se celebra este martes 29. El requisito para la designación del candidato es el de que éste sea respaldado por mayoría absoluta (38 escaños). PNV y EA - ambas suman 29 escaños - necesitarían, pues, el apoyo de EH - antigua HB - hacia su candidato, Juan José Ibarretxe. El Los miembros de Euskal Herritarrok dan a conocer este lunes 28 su posición en el nuevo gobierno. Si la decisión resulta favorable al conjunto formado por PNV y EA, se crearía un bloque nacionalista con 41 escaños.
El acuerdo entre PNV y EA tiene carácter de permanencia, siguiendo la exigencia de Garaicoetxea de no limitar la vigencia del pacto a una solución provisional, a la espera de que se concretaran resultados definitivos - tras las elecciones municipales del próximo mes de junio -. Así, cualquier modificación del programa, la estructura del gobierno o de los socios integrantes deberá ser consensuada antes por las dos formaciones.
El texto del acuerdo PNV-EA deja traslucir la intención de avanzar - junto con EH - en el autogobierno, así como en la exigencia al Gobierno de la nación del completo desarrollo del Estatuto Vasco de Autonomía. Los partidos firmantes del acuerdo para el nuevo Ejecutivo vasco basarán la dirección del proceso de paz - que quieren capitalizar en la institución que se renueva esta semana - en los postulados de parte del Plan de paz de Ardanza y del Acuerdo de Lizarra. [26-12-1998]
José Antonio López Durio.- Veinte minutos fueron necesarios para elegir al sucesor de Álvaro Rodriguez Bereijo. Siete fueron los votos necesarios, contra cuatro de Jiménez de Parga y uno de Rafael Mendizabal, para dar la bienvenida el pasado lunes 21 al máximo responsable del Tribunal Constitucional. La breve reunión mantenida por el Pleno de la institución jurídica sirvió para coronar a su quinto presidente en sus veinte años de vida. Pedro Cruz Villalón es catedrático de Derecho Constitucional, y sus 52 primaveras, le convierten en el presidente más joven que ha desfilado por el TC. Además, es la primera vez que un ex letrado de la casa accede a la Presidencia. Aunque parte de la tradición se ha mantenido, pues el cargo ha recaido en uno de los cuatro magistrados más antiguos que, también, cuenta con estudios universitarios.
En 1992, Cruz Villalón, fue nombrado magistrado a propuesta del PSOE, en una renovación parcial que correspondió al Congreso. Su candidatura fue respaldada por todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular. Los diputados del PNV se ausentaron de la votación.
El colapso provocado por los asuntos pendientes será la marca a batir por el nuevo inquilino de la presidencia del órgano encargado de interpretar la Constitución. El horizonte es grave y preocupante en cuanto al volumen de asuntos que recibe y que es incapaz de atender en un plazo razonable. Dentro de esta lentitud, los recursos de amparo se llevan la palma, y según palabras textuales del anterior presidente, las Cortes deben reflexionar sobre la conveniencia de alguna modificación legislativa que agilice el régimen de admisión de estos recursos. Los números ilustran esta necesidad: si en 1981 el TC recibió 386 demandas, diez años después esa cifra se septuplicó y, además, no deja de crecer. [21-12-1998]