El Gobierno sólo ha recibido el apoyo del PSOE vasco
Juan Emilio Maíllo.- El Presidente del Gobierno, José María Aznar, efectuó el pasado viernes su tercera declaración institucional tras el anuncio de ETA de alto el fuego. En la misma, Aznar ratificó la decisión del Consejo de Ministros de trasladar a la Península a 21 presos etarras que se encontraban en prisiones de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Estos 21 presos suman penas superiores a 10.000 años.
Pese al movimiento de ficha del Gobierno de José María Aznar, los partidos nacionalistas calificaron negativamente la decisión del Ejecutivo. Euskal Herritarrok se refirió a la medida del Gobierno como una "tomadura de pelo" y animó a los ciudadanos vascos a "salir todos juntos a la calle". En la misma línea se expresaron las Gestoras Pro Amnistía que anunciaron que van a "continuar y multiplicar la dinámica de concentraciones ante los cargos del Partido Popular". Por su parte, desde la dirección del PNV expresaron su "decepción y frustración" por la medida del Gobierno a la que calificaron de insuficiente. Otra reacción en contra a la decisión de Interior llegó desde EA, donde su portavoz, Carlos Garaicoetxea, anunció que "en la medida de sus posibilidades y en todos los terrenos que pueda, no va a aceptar este tipo de cosas", y advirtió del temor que le provoca que decisiones de este cariz puedan hacer que ETA "volviera a las andadas", algo que "sería funesto".
El apoyo para el PP llegó desde el Partido Socialista de Euskadi, aunque el secretario de relaciones con los medios del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, lamentaba que "el Ejecutivo ha comunicado su decisión al PSOE, pero no la ha consensuado". En referencia a las víctimas del terrorismo Aznar indicó que "al comienzo del próximo periodo de sesiones, el Gobierno presentará las medidas de reparación" para dichas víctimas y sus familias.
En su declaración, Aznar no dudó en afirmar que "siguen existiendo posibilidades de que se consolide la actual situación de cese definitivo de la violencia" y realizó una importante oferta de diálogo a Euskal Herritarrok al señalar que conviene "reforzar el diálogo que ya existe con los partidos políticos para profundizar en las líneas de acuerdo iniciadas hasta ahora. Espero que a este diálogo, en una situación política normalizada, puedan incorporarse también todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco". [19-12-1998]
Juan Emilio Maíllo.- La práctica totalidad de los 212 cargos electos del PP en el País Vasco están desde el pasado lunes 14 sin escolta policial. La Consejería vasca de Interior retiró la protección a los últimos 30 dirigentes populares que eran escoltados por miembros de la Ertzaintza desde hace un año. Algunos cargos populares y otros políticos fueron protegidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero la protección no pudo llegar a todos. El Partido Popular seguirá pagando escoltas privados a más de la mitad de sus cargos, pero no puede permitirse el coste millonario de ampliar esta protección a todos los afectados por las amenazas de ETA.
En referencia a que Interior protegerá a los cargos del PP, el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, afirmó que "el Gobierno ya ha adoptado las medidas que en ese terreno creía indispensables para acrecentar la seguridad de los concejales del PP en el País Vasco y estoy seguro de que el PP adoptará también medidas que complementen, suplementen o incrementen la seguridad". Pero desde el gobierno autonómico vasco no se acepta de buen grado la decisión del Ministerio del Interior. En este sentido, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Mari Carmen Garmendia, señaló que el gobierno vasco "no cederá en ningún caso y cuidará especialmente que nadie entre en un terreno que es de su total competencia". Además, se permitió recordar a Jaime Mayor Oreja que la seguridad de las personas y los bienes en Euskadi es competencia del gobierno vasco.
Lo que no quiso desvelar Garmendia fue que si el Ejecutivo vasco tomará alguna medida jurídica contra la decisión del Ministerio de Interior, y eludió confirmar si el gabinete en funciones que preside el Lehendakari Ardanza ha estudiado la posibilidad de que se presente de modo formal un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional. Ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre el tema, Garmendia se limitó a parafrasear al presidente Aznar y afirmó que "sólo diré que lo que tengamos que hacer lo haremos y lo que tengamos que decir lo diremos". [14-12-1998]
Roger Torelló Esteban.- El mes de noviembre volvió a confirmar un descenso en el Índice de Precios al Consumo. En esta ocasión, la bajada fue de una décima, con lo que la inflación interanual se coloca en el 1,4%, la menor desde junio de 1969, y la acumulada en los 11 primeros meses del año en el 1,1%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La rebaja se sustentó en los descensos de los precios de los alimentos, especialmente el del pollo con un 9,8% y el del cerdo con un 5,1%; los carburantes y combustibles en seis décimas; y el Turismo y la hostelería, en ocho. En lo que va de año, los precios de los carburantes y combustibles han caído un 6,4%, mientras que el Turismo y la hostelería, a pesar de la caída en noviembre, han subido un 3,7%.
Con el IPC en el 1,4%, los más beneficiados son los pensionistas cuyo poder adquisitivo gana siete décimas, en total unos 51.000 millones de pesetas. Las pensiones subieron un 2,1%, hecho que se contemplaba en la previsión inicial de inflación. En este brillante panorama pervive un punto negro, la inflación subyacente, es decir, la que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos. Durante el pasado mes bajó una décima, pero se sitúa en el 2,2%.
En esta misma semana, el Instituto Nacional de Estadística ha ofrecido los datos del crecimiento económico referidos al tercer trimestre del año. En este periodo la Economía creció un 3´8%, una décima menos que la subida experimentada en el trimestre anterior. En cuanto a la inversión, se mantuvo con un crecimiento estable del 8´4%.
Alberto Escalante.- El Tribunal Supremo hizo pública el pasado viernes su decisión de recomendar un indulto parcial para los condenados por el "Caso Marey". Esto supondría la reducción de dos terceras partes de la pena de todos los condenados, excepto José Amedo y Michel Domínguez.
La noticia se conoció cuando se cumplen cien días desde el ingreso en prisión del ex ministro de Interior José Barrionuevo y el ex secretario general para la seguridad, Rafael Vera. Desde el PSOE se han aprovechado los dos hechos para reavivar sus peticiones al Gobierno de José María Aznar. Para ello, volvieron a concentrarse frente a la prisión de Guadalajara cientos de socialistas con Felipe González a la cabeza. El ex presidente afirmó que "queremos la libertad ya" y que "sería incomprensible que no estuvieran en Nochebuena con sus familias, porque, acuérdense de ese tipo que brinda con champan", en clara referencia al acercamiento de presos etarras iniciado por el Ejecutivo.
Los dirigentes socialistas creen que en el Consejo de Ministros del miércoles 23, el Gobierno accederá al indulto parcial y a continuación les concederá el tercer grado que permite acudir a prisión tan solo a dormir. Sin embargo, continúan pidiendo el indulto total para Vera y Barrionuevo, tal y como hizo el secretario general de los socialistas, Joaquín Almunia. El candidato a la presidencia del Gobierno, José Borrell, reiteró que "están condenados por lo que están, injustamente".
La concentración de los socialistas en Guadalajara puede ser la última que organicen si hacen caso a la petición de José Barrionuevo y Rafael Vera, quienes por boca de sus hijos han solicitado que no se repitan más manifestaciones para pedir su indulto. A pesar de esto, Felipe González, declaró que "he estado de acuerdo muchas veces con Rafa y con Pepe, pero en una cosa no: si no hay libertad, volveremos. En este caso libertad es igual a justicia". [19-12-1998]