Los delitos cometidos por Liaño se produjeron cuando decretó el secreto sumarial del caso en contra de la Audiencia Nacional, cuando impuso una fianza de 200 millones de pesetas al presidente del Grupo Prisa, Jesús de Polanco, y cuando obligó a los inculpados a pedirle permiso para salir del país. Javier Gómez de Liaño, a través de su abogado Jorge Trías, ha anunciado que pedirá su indulto y que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.
El magistrado acudió a la lectura de la sentencia acompañado de su mujer, la fiscal Maria Dolores Márquez de Prado, y a la salida declaró que no "cambio mi toga por las solemnes togas de los magistrados que me han condenado" y deseaba "de todo corazón que su conciencia esté igual de tranquila que la mía". Gómez de Liaño aludía a los dos magistrados que votaron en contra de su absolución, Enrique Bacigalupo y Gregorio García Ancos, contra los que ejercerá la acción popular.
Los abogados de la acusación estaban más conformes con la decisión, aunque el representante de Sogecable había pedido 60 años de inhabilitación, por lo que no se mostró "satisfecho" con la condena. Sin embargo, mucho más contundente fue Emilio Rodríguez Menéndez, abogado de la acción popular, quien dijo que jueces como Gómez de Liaño "son una vergüenza para la Democracia y para este país" y que "a cada cerdo le llega su San Martín y este señor, que se ha dedicado a hacer el golfo, ha tenido su merecido".
[15-10-1999]